Abogados de Petrobras, el Ministerio de Minas y Energía y la oficina del procurador general federal, han estado presionando al tribunal superior para que anule las medidas cautelares que suspenden las desinversiones de la petrolera estatal.
Brasilia. La petrolera estatal brasileña Petrobras y sectores del gobierno se están movilizando en el período previo a una sesión de la Corte Suprema la próxima semana que podría tener un efecto profundo en las privatizaciones en el país.
En los últimos días, los abogados de Petrobras, así como el Ministerio de Minas y Energía y la oficina del procurador general federal, conocido como AGU, han estado presionando al tribunal superior para anular las medidas cautelares que suspenden las desinversiones de la petrolera, según varias fuentes con conocimiento de la materia.
La Corte Suprema de Brasil, estaba inicialmente programada para dictaminar este jueves a las 2 pm hora de Brasilia (1700 GMT) sobre si la venta de las empresas estatales y sus subsidiarias necesita la aprobación del Congreso y si deben venderse en un formato de subasta.
Sin embargo, al comienzo de la audiencia, el presidente de STF, Dias Toffoli, dijo que la decisión se conocerá el miércoles de la próxima semana y que el tribunal dedicaría la sesión de este jueves al testimonio de las partes interesadas.
Las acciones preferentes que cotizan en Brasil en Petrobras se tornaron negativas luego de que el STF retrasó su decisión y bajó un 0,5% en las operaciones de la tarde.
La audiencia fue convocada luego de la decisión tomada por un solo juez este martes de suspender la venta de US$8.600 millones de la unidad de gasoductos TAG de Petrobras a la francesa Engie, y en última instancia se deriva de una decisión similar tomada por otro juez el año pasado.
Un fallo que confirme las medidas cautelares sería un golpe para Petrobras, que cuenta con la venta de activos para reducir su fuerte carga de deuda neta de aproximadamente 372 mil millones de reales (US$93.000 millones). Entre las ventas de activos que probablemente se verían afectadas por el fallo está la de ocho refinerías que, según la compañía, podrían alcanzar unos US$15.000 millones.
Las privatizaciones son un pilar importante del programa económico del presidente Jair Bolsonaro. Su ministro de economía, Paulo Guedes, dijo que las privatizaciones podrían traer 1 billón de reales (unos US$250.000 millones) a las arcas públicas.
Guedes dijo que las empresas estatales de Brasil, y Petrobras en particular, necesitaban tener la libertad de llevar a cabo sus negocios de la mejor manera posible.
"Si cada venta o compra tiene que evaluarse en los tribunales, la compañía nunca verá las inversiones que necesita para producir petróleo", dijo Guedes a los periodistas. Advirtió que la decisión equivocada podría convertir a Brasil en un país hostil para los inversores con efectos "devastadores" en la economía.
Esta semana, la AGU envió un memorando a los jueces de la Corte que defienden la venta de activos sin la aprobación del Congreso, según fuentes, quienes solicitaron el anonimato ya que no estaban autorizados para hablar con los medios.
André Luiz Mendonça, procurador general de Brasil, se ha reunido personalmente con el presidente de STF, Dias Toffoli, y los abogados de Petrobras también han estado en el STF para defender la posición de la compañía.
Las privatizaciones son generalmente impopulares en Brasil y es poco probable que se muevan con rapidez a través de un Congreso a menudo disfuncional.
La AGU también ha defendido públicamente la capacidad de Petrobras para vender activos sin la aprobación del Congreso.
"Esta decisión va a dar una gran señal al mercado", dijo una fuente del gobierno. "Es de importancia estratégica, y es vital para Brasil".
