El futuro de esa polémica compra de energía generada con diésel, en su primera etapa, y gas licuado, en la segunda fase, depende del dictamen jurídico que emita el Departamento Legal de la ENEE.

Tegucigalpa. Departamento Legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) debe emitir dictamen jurídico para conocer si la firma estadounidense cumplió en tiempo y forma con los requerimientos exigidos en el contrato.

Este contrato que el gobierno adjudicó vía decreto de emergencia a la firma estadounidense Westport Finance LLC para que generara 98,9 megavatios de energía sucia tiene las horas o los días contados.

El futuro de esa polémica compra de energía generada con diésel, en su primera etapa, y gas licuado, en la segunda fase, depende del dictamen jurídico que emita el Departamento Legal de la ENEE.

Sin embargo, quien puede aprobar o no la rescisión del contrato es el Congreso Nacional. El representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn, ante la junta directiva de la estatal eléctrica, dijo que están a la espera del dictamen legal.

Explicó que Westport Finance LLC tenía 60 días para que subsanara defectos en la garantía presentada, pero hasta el sábado no tenía conocimiento si la firma estadounidense había cumplido porque el tema aún no ha sido abordado en la junta directiva.

Otra fuente oficial ligada a la ENEE, quien pidió omitir su nombre, sostuvo que para evitar demandas en contra del Estado lo correcto es agotar las instancias legales para rescindir el contrato y eso es lo que realizan las autoridades de la estatal eléctrica.

Westport Finance LLC es conocida en Honduras como una firma consultora en materia energética, pero no como una compañía dedicada a la generación de electricidad con combustibles fósiles, lo que generó una serie de cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad.

El informante anónimo agregó que este caso es similar a otros que se ventilan en esa empresa de servicios públicos, al referirse a la contratación directa de 150 MW a Cechsa y 55 MW a Vetasa-Melecsa en la administración del liberal Manuel Zelaya Rosales.

¿Cuál emergencia? Casi 10 meses han transcurrido desde que el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa decretó emergencia energética para atender los racionamientos en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Olancho, Atlántida y Colón.

El 30 de septiembre de 2011, el Consejo de Ministros aprueba la compra directa de 100 megavatios de energía sucia, los que fueron adjudicados a Westport Finance LLC.

El 11 de noviembre del año pasado, el Congreso Nacional, con el visto bueno de 87 congresistas y 39 en contra, aprueba la contratación de emergencia de esa potencia.

Los primeros 50 megavatios estaban programados para que entraran en operación el 22 de febrero pasado, plazo que no fue cumplido por la firma estadounidense argumentado incumplimiento de algunas cláusulas por parte del Estado.

La generación con diésel sería por un plazo de 12 meses y los restantes 168 meses sería con gas licuado natural. Posteriormente, las anteriores autoridades de la estatal eléctrica, la que dirigía Roberto Martínez Lozano, anunció que a finales de abril del presente año estaría entrando en operación la primera fase de ese contrato.

A pesar de que la compra de emergencia de 98,9 megavatios no entra en operación, la demanda interna de energía ha sido cubierta con la producción de los generadores públicos y privados. La disponibilidad del mes es de 1,292 megavatios y la demanda suma 1,266 megas.