El Gobierno de Sonora endureció su postura hacia el consorcio minero Grupo México, dueño de la mina Buenavista del Cobre. El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora dijo que existe la posibilidad de cerrar la mina.
El secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, se reunió con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para limar las asperezas surgidas entre los Gobiernos federal y estatal a raíz de un derrame tóxico en ese estado del noroeste del país, informó este sábado una fuente oficial.
Osorio, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunió con Padrés, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), así como con el presiente y el secretario general de esta agrupación, Gustavo Madero y Ricardo Anaya, respectivamente.
En el encuentro, efectuado este viernes en la oficina de Osorio, las partes "conversaron sobre el derrame de residuos tóxicos que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi" en Sonora, indicó la Secretaría de Gobernación (Interior) en un comunicado.
"Acordaron mantener un diálogo permanente para trabajar en colaboración, a fin de resolver de manera conjunta la problemática y atender a la población afectada por esta contingencia", señaló el boletín.
La reunión marcó un cambio de tono en las relaciones entre las autoridades federales y estatales, que se vieron dañadas a raíz del derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, procedentes de una mina, ocurrido el 6 de agosto pasado.
El gobernador Padrés lanzó el 10 de septiembre un "enérgico llamado" al presidente Enrique Peña Nieto para que ayude a Sonora a hacer frente al desastre ecológico, tras acusar de "negligentes" y "omisos" a los representantes del Gobierno federal en el estado.
También acusó a los delegados federales de lanzar una campaña de desprestigio en su contra al hacer "señalamientos" hacia bienes y propiedades de su familia que también resultaron afectados por la contaminación.
Y es que en las inspecciones en la zona las autoridades federales encontraron en un rancho del gobernador una represa construida sobre un cauce de arroyo, la cual es investigada para determinar si cuenta con los permisos necesarios y si afecta a terceros.
El Gobierno federal advirtió que si se detectan anomalías y afectaciones a terceros, se clausurará o demolerá la presa y se liberará el agua para uso de quienes tienen legítimo derecho a ella.
En respuesta a las acusaciones de Padrés, Osorio declaró el 11 de septiembre en un comunicado que una reunión que tenía agendada para el día siguiente con el gobernador para hablar del derrame no se llevaría a cabo mientras no existieran condiciones para un diálogo "respetuoso y constructivo", lo que finalmente se dio ayer.
Al tiempo que se reconciliaba con las autoridades federales, el Gobierno de Sonora endureció su postura hacia el consorcio minero Grupo México, dueño de la mina Buenavista del Cobre, de donde procedió el derrame de agosto.
Carlos Jesús Arias, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora, dijo en una entrevista con Milenio Televisión que existe la posibilidad de cerrar la mina ante la negativa de permitir el ingreso de inspectores de esa agencia.
"Si es necesario que suspendamos toda la mina, lo vamos a hacer", aseguró Arias, quien también afirmó que luego del derrame del 6 de agosto la mina bombeó deliberadamente tóxicos en el arroyo Las Tinajas.
"El Gobierno del estado rompe totalmente cualquier tipo de relaciones con la empresa minera de (el municipio de) Cananea", expuso.
Por su parte, la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México que opera la mina, negó categóricamente las acusaciones hechas por Arias en un comunicado difundido en las últimas horas, y aseguró que ha cooperado con las autoridades estatales en la atención de la contingencia.
Recordó igualmente que la empresa y el Gobierno federal constituyeron el 11 de septiembre un fideicomiso por US$152 millones "para dar cumplimiento al plan de reparación ambiental y, en su caso, compensación".
"Buenavista del Cobre lamenta la politización de este accidente en el que se ha tomado por rehén a la comunidad. La empresa señala que hará uso de todos los recursos legales a su alcance para hacer valer el Estado de derecho en las localidades donde opera y garantizar el cumplimiento de sus derechos", apuntó.
