El gobierno notificó la suspensión de las negociaciones con la multinacional canadiense para la instalación de una planta productora de aluminio, medida celebrada por dirigentes sociales y políticos que denunciaban el proyecto por cuestiones ambientales.

Río Tinto Alcán (RTA) es una firma canadiense y potencia en el ramo de la producción de aluminio, con plantas en todo el mundo, pero también acusada de contaminar fuentes de agua potable y depredar áreas verdes.

Durante meses, y desde que se anunció el proyecto apoyado personalmente por el presidente Federico Franco, organizaciones sociales y partidos de izquierda denunciaron los perjuicios que ocasionaría la instalación de la enorme productora de aluminio.

Río Tinto Alcán es una firma canadiense y potencia en el ramo de la producción de aluminio, pero también es acusada de contaminar fuentes de agua potable y depredar áreas verdes

La suspensión de las negociaciones que se venían llevando a cabo fue anunciada anoche por el ministro de Industria y Comercio, Diego Zavala, quien remarcó que fue decidido por el gobierno de Franco.

"No recibí ningún pedido especial ni oficial; sencillamente iniciamos conversaciones para pasarle datos sobre el ministerio a ellos (equipo de transición de Cartes)", comentó el funcionario en declaraciones radiales que recogió el diario Última Hora.

No obstante, aclaró que las negociaciones con RTA no son vinculantes, por lo que el gobierno entrante podría desterrar la idea de permitir la instalación de la industria y agregó que es conveniente suspenderlas "por el momento" hasta que el gobierno electo esté enterado de "cómo se está llevando a cabo el trabajo".

La iniciativa, cuestionada por riesgo de contaminación y de buscar energía a valores mínimos, permanecía a la espera del avance del diálogo entre el Grupo Técnico de Negociación (GTN) del gobierno nacional y representantes de la empresa con la idea de establecer una hoja de ruta con compromisos y responsabilidades.

Sólo se había concretado a fines del año pasado un primer acuerdo centrado en las condiciones para instalar un parque industrial adyacente a la fábrica.

La segunda etapa, que comenzó el 11 de marzo, estaba enfocada en el medio ambiente, y la tercera, y en definitiva la más importante, sería la que se realice con el objetivo de determinar a cuánto se le vendería la energía a la compañía.

El objetivo de la empresa es instalarse e invertir alrededor de cuatro millones de dólares en la zona de Itapúa o Alto Paraná, con la promesa de generar empleo y atraer empresas.

Sin embargo, el movimiento "No a Río Tinto Alcan", que nuclea a profesionales, exfuncionarios y ambientalistas, se opuso desde un primer momento a su llegada.

"No estamos de acuerdo con ceder energía subsidiada a una multinacional y además, el gobierno actual -encabezado por Franco, con el que comenzó la negociación- es ilegítimo pues asumió tras un golpe de estado", explicó semanas atrás a Télam María Paz Valenzuela, vocera de la campaña "No a Río Tinto Alcan" .

"El desembarco de una industria electrointensiva de aluminio en Paraguay, un país que no tiene materia prima, que no tiene costa al mar, ni mercado, solamente puede deberse a que desean compensar estos evidentes inconvenientes con una energía a costos mucho menores que otros países donde sí cuentan con estos factores", explicó Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía.

No obstante, el proyecto fue defendido por un sector que considera que tiene "argumentos sólidos" que explican la importancia de la llegada de Río Tinto a Paraguay.

Uno de ellos es Walter Bogarín, actual vicepresidente del Centro de Industriales Metalúrgicos. "Paraguay dispone de suficiente energía eléctrica, que es uno de los elementos principales para generar aluminio; nuestra energía está yendo a Brasil y a la Argentina a desarrollar industrias de esos países", explicó.

Sobre la cuestión ambiental, Bogarín reconoció que "este tipo de industria puede generar contaminación si se le permite".
"El medio ambiente para nosotros es innegociable, no apoyaríamos algo que sabemos que atenta contra eso", dijo el dirigente.

Para Canese, en cambio, Paraguay tiene leyes "muy permisivas en lo ambiental" y al no ser un "país industrializado", no multa por la emisión de gases de efecto invernadero.

El Frente Guasú, coalición de partidos de izquierda y organizaciones sociales, calificó de gran paso a la suspensión de tratativas oficiales con la criticada multinacional.

El senador Hugo Ritcher, en nombre del Frente, recordó que ese es uno de los planteos hechos por la organización para poder iniciar un diálogo oficial con el Partido Colorado sobre temas en los cuales podrían coincidir en el Congreso, aunque alertó que es necesario "estar atento" a todo lo que se decida de ahora en más relacionado con Río Tinto.