Renco Group y su filial Doe Run Perú iniciaron en abril de este año un arbitraje internacional en contra del Estado peruano, que ordenó el cierre del complejo metalurgico, debido a los problemas financieros y ambientales de la compañía.
Lima. El gobierno peruano sugirió el jueves que abogaría por el reinicio de las operaciones del mayor complejo metalúrgico de Perú, Doe Run, paralizado desde hace dos años, asfixiado por millonarias deudas y el incumplimiento de un plan de remediación ambiental.
El presidente Ollanta Humala, que asumió el poder en julio, prometió a un grupo de trabajadores de Doe Run interceder por ellos en la solución de la crisis en el complejo minero, controlado por la estadounidense Renco Group.
Perú es un gran exportador mundial de metales y sus ventas representan el 60 por ciento de los ingresos del país.
"Estamos con ustedes, en el próximo (viaje) me voy a La Oroya. Vamos a resolver el problema de Doe Run", dijo Humala en un discurso público durante el lanzamiento de un programa de empleo juvenil en los Andes del país.
"Necesitamos que sigan trabajando y que se resuelva el problema medio ambiental; esos son los dos problemas que para mí son una preocupación", agregó el mandatario.
Renco Group y su filial Doe Run Perú iniciaron en abril de este año un arbitraje internacional en contra del Estado peruano, que ordenó el cierre del complejo metalurgico, debido a los problemas financieros y ambientales de la compañía.
La empresa estadounidense reclama una indemnización de US$800 millones, según fuentes del sector local.
El complejo de Doe Run, que una vez fue el sexto exportador de metales de la nación sudamericana, está ubicado en la región andina La Oroya, considerada como una de las zonas más contaminadas del mundo por una operación minera.
La paralización de Doe Run Perú dejó en la incertidumbre a 3.500 trabajadores directos y a otros 16.000 indirectos.
