Erwin Deger, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC), dijo en entrevista con el matutino El Periódico que dicha cifra viene acumulada desde el inicio de la administración de Otto Pérez Molina.
El gobierno guatemalteco adeuda unos US$158 millones a contratistas de obras públicas, lo que ha afectado en el mantenimiento de 400 kilómetros de carreteras.
Erwin Deger, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC), dijo en entrevista con el matutino El Periódico que dicha cifra viene acumulada desde el inicio de la administración de Otto Pérez Molina.
Las instituciones deudoras son la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la Dirección General de Caminos, el Fondo para la Vivienda (Fopavi) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS).
Solamente Covial tiene compromisos por US$52,6 millones con las empresas que se dedican a la supervisión, bacheo, mantenimiento, limpieza, entre otras actividades.
Deger afirmó que el gobierno ya desembolsó unos US$$23 millones al banco que maneja el fideicomiso del Covial; una suma que llegaría a los contratistas esta semana.
Sin embargo, quedan unos US$29,6 millones en lista de espera que, muy probablemente, serán trasladados para 2015.
Dicha práctica traerá problemas al sector, argumenta Deger: “Significa que del Presupuesto del siguiente año tienen que destinar 225 millones de quetzales (unos US$29,6 millones) para pagar la deuda del año anterior, lo que representa que no contarán con ese dinero para el mantenimiento de algunas rutas”.
“Cuatrocientos kilómetros no se atienden año con año cada vez que se dejan saldos pendientes”, agregó el representante gremial.
Los desfases han ocurrido porque el presupuesto Covial no se ha incrementado, a pesar de que este se alimenta del cobro de US$0,13 centavos por cada galón de combustible.
El empresario criticó que el impuesto no haya crecido en los últimos tres años. Según sus cálculos, con este ritmo de crecimiento el Covial debería disponer de unos $131.4 millones, en lugar de los US$110,4 millones actuales.
"El problema, según lo que vemos, es que dentro del mismo Gobierno no existe el dato exacto entre lo que se recauda y lo que se le traslada a Covial”, criticó Deger.
Según la AGCC, el desorden financiero impacta a los contratistas, quienes se endeudaron para finalizar las obras, así como para pagar a proveedores y trabajadores.
