Tanto es el optimismo de las autoridades panameñas que espera que este mismo miércoles se produzca el acuerdo entre las partes.
Panamá. El gobierno de Panamá se mostró hoy optimista de que el poderoso sindicato de la construcción y la patronal del sector alcancen en las próximas horas un acuerdo que ponga fin a la huelga que mantiene desde hace ocho días paralizadas centenares de obras, incluida la ampliación del Canal interoceánico.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), con al menos 70.000 afiliados, exige un alza salarial del 80% para los próximos cuatro años, frente al 21% propuesto para el mismo período por la patronal Cámara Panameña de la Construcción (Capac).
"Estamos cercanos a un acuerdo y esperamos que este se pueda producir hoy" miércoles, dijo el ministro encargado de Trabajo y Desarrollo Laboral, Reynaldo Medina, según una nota de prensa oficial.
El Ministerio del Trabajo actúa como mediador en las negociaciones entre el sindicato y la patronal de la construcción.
Medina argumentó que en la reunión sostenida ayer por los negociadores del sindicato y de la Cámara, cada parte "hizo sus corridas" y presentaron nuevas propuestas, sin dar más precisiones.
El ministro encargado de Trabajo "apeló nuevamente a la buena voluntad de las partes para que pronto se pueda estar firmando un acuerdo y se retomen las obras que están actualmente paralizadas por efecto de la huelga", añadió la misiva oficial.
Las obras de ampliación del Canal de Panamá, por la que pasa casi el 6% del comercio mundial, están totalmente paralizadas desde el pasado día 23, sin que hasta ahora se haya precisado oficialmente el impacto de la medida de fuerza en el cronograma de trabajos del proyecto.
El principal proyecto de la ampliación, la construcción de las nuevas esclusas que permitirán el paso de buques con hasta 12.600 contenedores, casi el triple de lo actual, registra ya un retraso de 15 meses, con diciembre de 2015 como nueva fecha probable de finalización.
Eso por diversas causas, entre ellas un conflicto contractual este año de más de tres meses entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio a cargo de las esclusas, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la empresa española Sacyr.