Las comunidades indígenas se habían quejado de los efectos que la construcción de la hidroeléctrica podría tener sobre su medio de vida y su subsistencia.
Panamá. El gobierno de Panamá informó sobre la firma de un acuerdo con autoridades de la occidental comarca indígena de Ngabe Buglé para resolver un conflicto por la construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.
Al acto de la rúbrica, celebrado en un área rural en el distrito de Tolé, asistieron el presidente, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, además de la cacique indígena, Silvia Carrera.
El evento se vio momentáneamente interrumpido por un grupo de aborígenes que aseguraron no estar representados en este acuerdo.
El jefe de Estado panameño consideró, sin embargo, el compromiso como el resultado de un arduo y fructuoso trabajo de más de 19 meses sobre las incompatibilidades del proyecto, desarrollado por la empresa de capital centroamericano Generadora del Istmo S. A. (Genisa).
El mandatario aseguró que con lo pactado se están sentando las bases para poner en marcha una nueva forma de resolver conflictos, y que nunca más se den desencuentros como el originado con este proyecto.
Las comunidades indígenas se habían quejado de los efectos que la construcción de la hidroeléctrica podría tener sobre su medio de vida y su subsistencia.
La vicepresidenta, por su parte, explicó los principales puntos del acuerdo, basado en que la operación del proyecto será manejada por un tercero independiente, diferente a la empresa ejecutora, con suficiente experiencia para la gestión y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
El pacto también establece que se dará prioridad a que el 50 por ciento del personal del proyecto sea indígena, de la comarca de Ngabe-Buglé, y campesino.
Saint Malor también informó del compromiso de las autoridades comarcales de crear un fideicomiso, con aportes del Gobierno, para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, eco turísticas y artesanales, formación de capital humano y electrificación rural, en las comunidades indígenas y campesinas aledañas al proyecto hidroeléctrico, con prioridad en el distrito de Muna.
Además, el gobierno, en atención a las circunstancias particulares que originaron la crisis que se resuelve por medio de este acuerdo, procederá a la cancelación de cualquier concesión de proyectos hidroeléctricos que existan sobre el río Tabasará.
También aceptó que las concesiones futuras en la comarca Ngabe Buglé y su área campesina cuenten con la aprobación de la población por medio de un referéndum, además de recibir el visto bueno del pleno del Congreso Local, Congreso Regional y Congreso General. Las concesiones deberán ser para el beneficio de las comunidades de la zona.
Varela subrayó que el compromiso del gobierno es con los que más necesitan del apoyo del Estado, con aquellos que llevan muchos años esperando los beneficios del crecimiento económico.
Dijo que prueba de ello es que su administración está desarrollando en Ngabe Buglé un plan de inversión de más de 300 millones de dólares en programas de salud, educación, agua, electrificación, construcción de caminos, sanidad básica y vivienda.
La administración Varela agregó que el diálogo sobre Barro Blanco se dio simultáneamente a la planificación y el desarrollo de un Plan Quinquenal de Inversiones Públicas con 187 proyectos por más de US$335 millones, levantado junto a la dirigencia indígena y ejecutado por distintas entidades de gobierno.
La ministra de Ambiente de Panamá, Mirei Endara, consideró esta tarde con sabor agridulce el acuerdo, debido a las manifestaciones de algunos miembros de la comunidad, e insistió en que este es un compromiso histórico.
