El Poder EJecutivo considera desmedido el aumento salarial de 10,16% porque afecta los lineamientos de la política salarial, en medio de una coyuntura de extremo cuidado con el aumento de precios.

El gobierno decidió este lunes salir a trancar duro para intentar moderar el aumento salarial acordado entre trabajadores y empresarios de la bebida (fabricantes y distribuidores), por considerar desmedido el aumento salarial de 10,16% porque afecta los lineamientos de la política salarial, en medio de una coyuntura de extremo cuidado con el aumento de precios.

Está dispuesto, incluso, a presionar a los empresarios con la quita del subsidio a la cerveza que se acerca a los $3 por litro y se calcula mediante el cobro del Impuesto Específico Interno (Imesi), relataron fuentes oficiales. Se razona que si los empresarios tienen espaldas para hacer frente a un aumento de dos dígitos en los salarios, no deberían tener problemas de perder el beneficio.

En el Poder Ejecutivo existe molestia y preocupación por la señal que transmite un aumento de esas características, cuando el rango meta de la inflación se ubica entre 4% y 6%, aunque los precios hayan sobrepasado con holgura esa aspiración.

El enojo en el gobierno es tal, que se interpreta el acuerdo salarial como descolgado de la realidad y como una “puñalada” a la credibilidad de la política económica y salarial. Se entiende que en las negociaciones no se tuvo en cuenta el pedido de prudencia para cuidar el aumento de precios.

“Se espera que los actores tanto trabajadores como empresarios converjan a la propuesta del gobierno que está adecuada a lo que es la situación del país y a los problemas que enfrenta”, dijo Andrés Masoller.

“Vamos a proponer una pauta de ajuste salarial en función de lo que han sido los lineamientos del gobierno: acuerdo por productividad vinculados a la situación del sector, ajuste por inflación que reflejen la meta del Banco Central. Esa va a ser la propuesta”, adelantó el jerarca al término de las jornadas anuales de economía, adonde fue orador.

El asunto fue manejado este lunes por la tarde en una reunión mantenida en Torre Ejecutiva entre el presidente José Mujica y los ministros Fernando Lorenzo (Economía y Finanzas) y Eduardo Brenta (Trabajo y Seguridad Social); el subsecretario de Trabajo Nelson Loustaunau; el director de la Asesoría Macroeconomía del MEF, Andrés Masoller; el director de Trabajo, Luis Romero; y el embajador itinerante y asesor personal del mandatario, Julio Baráibar.

Allí se acordó llevar una contrapropuesta al Consejo Superior Tripartito, convocado por empresarios y trabajadores del sector.

El Poder Ejecutivo no tiene potestad de veto en ese caso, ya que existe un acuerdo voluntario entre las partes. Al ser así, basta con que mantenga su posición que, aunque exista un voto a favor o una abstención del gobierno, el acuerdo se firma y será legítimo. Pero al jugar previamente la carta del subsidio para los fabricantes de cerveza, se espera un cambio en el accionar de la patronal.

El acuerdo salarial que acordó la federación de la bebida (FOEB), que representa a casi 5.500 obreros en todo el país, establece un ajuste mínimo real de 10,16% para los próximos tres años con una inflación anual proyectada de 7%. De confirmarse este incremento del IPC, los trabajadores de la bebida percibirían un incremento anual que rondará el 10,4% nominal.

En la reunión de Torre Ejecutiva el ministro Lorenzo manejó información sobre la pérdida de productividad del sector de la bebida. Quienes se entrevistaron con el presidente coincidieron en que el acuerdo salarial pega en el corazón de la política económica, explicaron fuentes oficiales.

Mujica, en esa misma reunión, se quejó del aporte del sector de la bebida, que históricamente ha recibido incrementos salariales importantes y acumula convenios con aumentos por encima del promedio.

“¿Que nos van a venir a nosotros con que no hemos dado aumentos salariales? Ahora hay que cuidarlo”, dijo. Se recordó allí que cuando se completen los siete años de gobierno del Frente Amplio los salarios van a acumular un aumento real de 40%.

El presidente considera necesario “pedir un esfuerzo” a los que están “mejor”, para poder cumplir con los lineamientos de la política salarial, basada en la prudencia y los acuerdos a tres años.