"La financiación de un proyecto de más de US$3.000 millones es una cuestión clave, y se nos va a dar en pocos días discutir el marco de alguna eventual asociación del Estado con esta compañía en este proyecto", afirmó Mujica.
El Gobierno uruguayo anunció su intención de presentar a la minera Aratirí, propiedad del grupo indio Zamin Ferrous, un plan para aliarse y explotar de forma conjunta el yacimiento de hierro sobre el que la empresa pretendía establecer una megaexplotación minera.
Según informó el presidente José Mujica en un encuentro con la prensa tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, la idea del Gobierno le fue transmitida a Aratirí en una reunión privada y pretende que con algún tipo de asociación con el Estado, la empresa culmine de desarrollar su proyecto millonario.
"La financiación de un proyecto de más de US$3.000 millones es una cuestión clave, y se nos va a dar en pocos días discutir el marco de alguna eventual asociación del Estado con esta compañía en este proyecto", afirmó Mujica.
El presidente apuntó que el desarrollo de esta iniciativa, muy criticada por productores rurales y ambientalistas uruguayos por la magnitud del proyecto, "es importante entre otras cosas por lo que significa para el futuro exportador, en materia de trabajo, y de calificación de los salarios" además de ayudar a la creación de un nuevo puerto de aguas profundas, una de las prioridades en infraestructura de su mandato.
Por su parte, el gerente general de Aratirí en Uruguay, Fernando Puntigliano, se refirió a esta propuesta como algo "imaginable" y subrayó que la empresa está abierta "a cualquier propuesta del presidente Mujica".
Aún así, Puntigliano sostuvo que de momento lo único que obliga a modificar el desarrollo del proyecto de Aratirí es la nueva ley de minería de gran porte, de estudio en el Parlamento y que establece nuevas y más severas condiciones de explotación para las empresas mineras.
El proyecto original de la Minera Aratirí pretendía la construcción de un complejo minero a cielo abierto de 6.210 hectáreas sobre el yacimiento de Valentines, en el interior del país y de un mineroducto de 212 kilómetros de largo hasta una terminal portuaria en el océano Atlántico con la intención de exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
Debido a las protestas de ambientalistas, productores rurales y políticos de todos los sectores, el Gobierno anunció la creación de una nueva ley de minería, que se sigue debatiendo entre los legisladores.
