Desde el inicio de su internacionalización en Estados Unidos, la minera ha debido lidiar con entornos ríspidos en lo laboral y ambiental, hasta llegar a acusaciones de corrupción; retraso en Perú arriesga cumplimiento de metas.
Grupo México (GMéxico), la mayor empresa minera del país, ha enfrentado problemas en cada uno de sus intentos de internacionalización, lo mismo con arbitrajes jurídicos en Estados Unidos que con protestas comunitarias en Perú y denuncias de corrupción en España.
En Perú, su proyecto minero Tía María, en el que planea invertir US$1.400 millones, fue paralizado por segunda ocasión, tras registrarse protestas comunitarias, tres muertos, más de 200 heridos y 60 días de paro indefinido.
Cuando hizo el anuncio de Tía María en el 2011, originó protestas que dejaron tres muertos y más de 40 heridos. Luego su arranque se paró por dos años, hasta que presentó un nuevo estudio de impacto ambiental.
Pablo Peregrina y Mauricio Arellano, analistas de Actinver, destacaron que Tía María es el único nuevo proyecto (green field) dentro de los planes de expansión de GMéxico y su subsidiaria Southern Copper.
Otro de sus proyectos peruanos con una inversión de US$1.200 millones, la expansión de la mina Toquepala, tardó en recibir los permisos de construcción, que finalmente obtuvo en abril del 2015, aunque previamente llegó a representar, para Actinver, “un riesgo adicional”.
Paralelamente, a mediados del presente mes, GMéxico se vio envuelto en una polémica en España, luego de que el gobierno de Andalucía anunció la suspensión de su proyecto de la mina de Aznalcóllar en forma cautelar, por las supuestas denuncias de irregularidades en el proceso de adjudicación. Ahí proyecta invertir 300 millones de euros.
Tanto los proyectos en México de la mina de cobre Buenavista (la planta de lixiviación ESDE III y la nueva concentradora) como el de Toquepala consisten en la expansión de sus operaciones actuales.
GMéxico, que proyecta pasar de la posición quinta a la tercera entre las mayores empresas del mundo en la producción de cobre para el 2017, sólo opera minas en México, Estados Unidos y Perú.
En EU no sale limpia
En su antecedente más remoto, en mayo del 2009, Grupo México anunció una propuesta para pagar US$2.500 millones a los acreedores de Asarco, su filial en Estados Unidos que se acogió a la protección por bancarrota. La larga batalla jurídica terminó en noviembre de ese año, cuando un juez estadounidense aprobó la propuesta de GMéxico para reestructurar Asarco.
Para obtener ese triunfo, GMéxico enfrentó al sindicato United Steelworkers, que se opuso al plan de la empresa mexicana, y demandó un nuevo contrato colectivo bajo amenaza de ir a huelga. También Asarco tuvo que pagar US$1.790 millones por la reparación de un daño ambiental. Asarco cayó en quiebra en el 2005, en medio de una huelga y reclamos por más de US$1.000 millones por el uso de asbestos y otros reclamos ambientales
