Los ataques realizados por grupos indígenas extremistas elevan los costos operativos de las empresas y podrían poner en riesgo proyectos de firmas del sector forestal, que contribuye con el 10% de las exportaciones chilenas.

Angol, Chile. Nelson Hidalgo, un leñador de mediana edad, descansaba el mes pasado sobre un remolque de su trabajo en un pinar del sur de Chile cuando irrumpió una docena de hombres armados.

A punta de fusil, los enmascarados lo forzaron junto a sus colegas a tirarse al piso mientras quemaban excavadoras y otros equipos pertenecientes a una empresa subcontratista de la gigante chilena Celulosa Arauco, dejando US$600.000 en pérdidas.

Los encapuchados arrojaron al partir panfletos proclamando lealtad al pueblo indígena mapuche. Muchos de ellos acusan a las madereras de invadir su territorio y explotar recursos naturales que les pertenecen.

"A partir de ahí, he andado tensionado. Mis músculos me dolían, como si estuvieran apaleados", dijo Hidalgo.

La experiencia de Hidalgo es cada vez más común, según fuentes de la industria forestal y cifras oficiales. Estos ataques elevan los costos operativos de las empresas y podrían poner en riesgo proyectos de firmas del sector forestal, que contribuye con el 10% de las exportaciones chilenas.

Por eso, el Gobierno anunció que prepara medidas para frenar la escalada de estos episodios.

Dos pequeños grupos indígenas, que exigen un Estado mapuche autónomo y culpan a las empresas forestales de causar problemas ambientales en sus tierras ancestrales, están cada vez más organizados, dijeron a Reuters fuerzas de seguridad, madereros y políticos.

Los sabotajes -sobre todo incendios- se multiplicaron en el último año y medio y hubo más de dos decenas de ataques en los primeros cinco meses del 2016, según el gremio de subcontratistas forestales Acoforag, responsable del 50 por ciento de la producción de madera en Chile.

Los daños suman 9.000 millones de pesos (US$16 millones), el triple del año pasado y 13 veces más que en 2014.

Empresas CMPC y la matriz de Arauco, Empresas Copec, dos de las mayores productoras de celulosa del mundo, están entre las más afectadas por los actos de violencia.

La industria de la madera, celulosa y papel -en gran parte a Asia- es el segundo mayor sector exportador de Chile, detrás de la minería del cobre.

Grupos de indígenas que han participado en los ataques sostienen que con la introducción de pino radiata y eucaliptos, que consumen mucha agua, las empresas han venido dañando desde la década de 1980 los ecosistemas y han dificultado la agricultura al secar la tierra y las napas.

"Antes teníamos muchos recursos hídricos y los espacios naturales que eran el centro de nuestra sangre y espiritualidad", dijo José Osvaldo Millanao, un líder mapuche, sentado en una 'ruka', una cabaña de madera tradicional. "Hoy en día, las grandes empresas forestales lo han destruido".

Conflicto en escala. Unos 600.000 mapuches viven en Chile, principalmente en La Araucanía y Biobío, regiones empobrecidas a unos 500 y 700 kilómetros al sur de la capital, respectivamente.

Durante siglos, estas regiones fueron el límite del imperio español en Sudamérica. Famosos por ser guerreros, los mapuches mantuvieron acorralados a los conquistadores y sólo fueron derrotados por el ejército chileno entre 1860 y 1870. Las relaciones con el Estado han sido difíciles desde entonces.

Sin embargo, los ataques eran relativamente infrecuentes y no una amenaza importante para las firmas.

Un gremio de camioneros dijo que los daños causados ​​por vehículos secuestrados y destruidos se elevó a 2 millones de dólares en enero y febrero, frente a US$500.000 en el mismo período del año pasado.

En tanto, los incendios forestales intencionales en las regiones madereras subieron a 3.081 en 2015 desde 1.826 en 2013, según el Gobierno.

Entre esos años, CMPC informó un alza en la pérdida neta por "desastres relacionados con los bosques y otros daños" a US$40,5 millones desde US$6,6 millones, en momentos en que una larga sequía avivaba los incendios que surgían tanto intencional como naturalmente.

Un gerente de CMPC, que pidió no ser identificado, dijo que equipos de subcontratistas por 4.000 millones de pesos habían sido quemados deliberadamente en 19 ataques entre enero y mayo de 2016. Eso se compara con 16 ataques en todo 2015.

CMPC, Arauco y Masisa -tres de las grandes empresas madereras de Chile- no quisieron hacer comentarios oficiales.

Pequeños grupos. El aumento de la violencia se ha atribuido a dos grupos con unos 60 miembros en total, dijeron políticos y la policía.

La Coordinadora Arauco-Malleco y el recién formado Weichan Auka Mapu (que en la lengua mapuche significa "Lucha del territorio rebelde") han reivindicado la autoría de los ataques, pero ha habido pocas condenas y persisten preguntas sobre su identidad.

Una fuente policial explicó que los miembros de estos grupos son más sofisticados al momento de perpetrar sus ataques: recogen los casquillos de las balas tras disparar sus armas o usan bolsas en sus zapatos, lo que dificulta rastrearlos.

"Sabemos que son grupos pequeños (...), la pregunta es si ellos realmente representan la causa Mapuche", dijo Humberto Toro, el gobernador de la sureña provincia de Arauco.

Si bien es difícil medir el sentimiento general mapuche, ya que cada comunidad tiene una estructura de gobierno autónomo, líderes de la comuna de Ercilla -en la zona de conflicto- dicen que los incendios de equipos forestales no se justifican.

Sin embargo, sí son partidarios de la ocupación de tierras en manos de firmas forestales.

Los líderes mapuches dicen que se sienten frustrados porque los ataques los han puesto bajo un mayor escrutinio.

En un intento por monitorizar las áreas más conflictivas, el sindicato de contratistas instaló una sofisticada cámara en un globo que sobrevuela la zona más afectada de la Araucanía.

Según la fuente de CMPC, la compañía ha puesto restricciones a las operaciones de mayor riesgo, tales como el transporte nocturno en determinadas carreteras.

Las autoridades prometen más seguridad. A los pequeños grupos de policías asentados en zonas más conflictivas se han sumado en los últimos meses destacamentos fuertemente armados y señales a lo largo de la carretera principal de las regiones afectadas en que se advierte que la ruta es vigilada por video.

"Siempre está el temor presente, latente", dijo el leñador Hidalgo, cuyo equipo ahora trabaja con escolta policial. "Ando mirando por todos lados para ver si alguien me sigue".