Según autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, con la prórroga se abastecerá de medicina para el próximo año al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y al Centro MédicoMilitar.
A 45 días de que concluya el gobierno guatemalteco, el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) publicó este jueves en el Diario de Centro América la prórroga de 10 contratos abiertos -de los cuales seis han sido ampliados 11 veces- para la compra de medicamentos, por Q2 mil 331.4 millones.
De ese monto, casi la cuarta parte la ganó la farmacéutica J.I. Cohen, uno de los financistas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Según autoridades del MFP, con la prórroga se abastecerá de medicina para el próximo año al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y al Centro MédicoMilitar.
Roxanda Orellana, jefa de la Dirección Normativa del MFP, explicó que cuatro de los contratos abiertos que fueron extendidos se firmaron en 2008 y vencieron el 25 de noviembre último, mientras que los seis restantes provienen del 2005 y con esta prórroga llegan a 12 renovaciones.
“Esto se hace con la intención de que en 2012 no haya desabastecimiento de medicamentos en los hospitales”, justificó Orellana.
También se informó que los contratos abiertos que provienen del 2008 serán prorrogados hasta por 18 meses, mientras los de 2005 serán por seis, con el objetivo de que en ese lapso se pueda hacer una licitación pública para renovarlos. Esta opción ya fue publicada en Guatecompras, aseguró Orellana.
Sin competencia. Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, el problema con el aplazamiento constante de esos contratos es que se coarta la búsqueda de la competencia.
“El Estado podría obtener mejores precios de los que recibe en este momento, si se permitiera competir a otras empresas y si las licitaciones fueran constantes”, agregó.
Marroquín afirmó que una forma de mejorar el sistema es que cuando se necesiten nuevos medicamentos, el Estado haga una licitación para que participen más compañías, se genere más competencia y se obtengan mejores precios.
Además, consideró que se debió esperar al futuro gobierno para que ellos evalúen los procesos que se requieren.
Pero el director ejecutivo de la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, afiliada a la Cámara de Industria, Leonel Rodas, señaló que las licitaciones nuevas tardan más de 40 días —si no hay atrasos en la compra—, lo que podría generar problemas de desabastecimiento en los hospitales.
Rodas agregó que lanzar una nueva licitación podría, en determinado momento, “perjudicar al país” porque “los contratos que se prorrogan mantienen precios de hace varios años, y con seguridad los costos han subido a la fecha, por lo que también habría un aumento para el Estado”.
“Desconozco los contratos abiertos y las prórrogas que se han dado”, resaltó el vicepresidente Rafael Espada.
Añadió: “No me extrañaría que pueda haber irregularidades —en la extensión—, porque la figura de contrato abierto tiene demasiados defectos que deben corregirse”.
Espada agregó que el sistema de compras y contrataciones se presta a la corrupción y malos manejos, por lo cual recomendó al nuevo gobierno que busque cómo corregir la deficiencia.
¿Se beneficia? Según se observó en los contratos establecidos y publicados en Guatecompras, la farmacéutica J.I. Cohen, financista de la campaña del partido oficial, obtuvo el 22,7% del total de las adjudicaciones, por Q684 millones, siendo la más beneficiada.
Según Espada, J.I. Cohen “ha vendido al Estado por más de 25 o 30 años, por lo que no cro que esta haya sido favorecida a través de los contratos”.
Espada añadió: “J.I. Cohen no solo ha sido financista de la UNE, muchos partidos han recibido apoyo financiero, pero eso solo podría corroborarse si los partidos políticos dieran a conocer a sus financistas”.
Marroquín lamentó que a pesar de la prohibición legal para que los financistas de campañas sean contratistas del Estado, esta norma no se respeta.
La contralora general, Nora Segura, indicó que por estar en una serie de reuniones no había podido ver la publicación, y que pediría un informe técnico antes de pronunciarse.
