En un cuestionario electrónico contestado por Paolo Moder, miembro de la Junta Directiva de GUPC, el consorcio denuncia el "doble discurso" de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y niega que busque "negociar fuera del contrato".
Panamá. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de la ampliación del Canal de Panamá y enfrentado a la administración de la vía acuática por un conflicto contractual, afirmó este sábado a Efe que es "la solución, no el problema", y que sus reclamos millonarios son justos y apegados a la realidad del proyecto.
En un cuestionario electrónico contestado por Paolo Moder, miembro de la Junta Directiva de GUPC, el consorcio denuncia el "doble discurso" de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y niega que busque "negociar fuera del contrato" unos "sobrecostos" que ha cifrado en más US$1.600 millones.
El GUPC, que lidera la española Sacyr e integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ha apelado a una cláusula del contrato para anunciar esta semana que paralizará los trabajos de ampliación a partir del 20 de enero si la ACP no reconoce sus reclamos económicos.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha dicho que esa es una medida de "presión" para obligarlo a negociar "fuera del contrato" los supuestos sobrecostos que, además según el alto funcionario panameño, no están justificados debidamente.
"Nos sorprende el doble discurso que sigue (la ACP). Por un lado, los miembros de la administración van a reuniones y se muestran receptivos a llegar a puntos de acuerdo. Sin embargo, cuando llega la hora de cerrar el acuerdo, siempre dentro del contrato, la ACP no es consecuente con la primera propuesta", afirmó Moder.
Reiteró que el consorcio "no puede continuar una obra en la que se proyecta US$1,6 billones en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las leyes panameñas".
"La ACP solamente está pagando los costos iniciales del contrato sin llegar a un acuerdo justo, equilibrado y público, para evitar que, como en otras ocasiones, al final no se cumplan los términos pactados (...) que obligan a la ACP a mantener el equilibrio contractual como consecuencia de situaciones imprevistas", dijo Moder.
Quijano reveló este jueves que la ACP ha pagado US$2.000 millones al consorcio.
Si la ACP no reconoce los argumentos del consorcio y se rescinde el contrato, "deberá buscar un contratista para que finalice la obra", según lo establece el contrato.
"El problema que se plantea es que esa solución siempre será más cara y la finalización del proyecto se prolongará sustancialmente, impactando a la economía panameña. En este punto, mientras que el administrador habla de presiones, nosotros estamos convencidos de que somos la solución, no el problema", resaltó Moder.
El Grupo se adjudicó en 2009 el proyecto de ampliación por un valor global de US$5.250 millones, de los cuales US$3.118 millones corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas, un costo "US$200 millones por debajo del precio establecido por la ACP en la licitación pública", según recalcó Moder.
"Los costos presentados fueron reales, en base a la información entregada por la ACP. Los sobrecostos tienen que ver con situaciones que se presentaron tras el comienzo de la obra y que no estaban contemplada en esa información", añadió.
Entre esas situaciones citó "la información entregada por ACP sobre el basalto como material base para producir concreto, que indicaba que se contaba con la calidad y cantidad necesaria", pero "al realizar los estudios profundos y empezar los trabajos, GUPC se percata de la baja calidad de dicho material".
"Fuimos capaces de presentar una fórmula que igualaba o superaba las expectativas que la propia ACP fijó en el contrato (...) sin embargo, ACP tardó siete meses en aprobarlo, lo que supuso un quebranto económico para GUPC, que tenía una maquinaria totalmente funcional pero parada a causa de la falta de decisión de la administración", dijo Moder.
La ACP ha dicho que el GUPC ha presentado varias reclamaciones, entre ellas una en 2012 por "US$585 millones", que rechazó y por eso pasó a la llamada Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) donde permanece, y otra el pasado 23 de diciembre por "US$900 millones", que aún no ha podido entrar en estudiar porque le falta "mucha información".
La tercera instancia de reclamos que prevé el contrato es el arbitraje internacional, hasta donde no ha llegado aún ninguna petición del consorcio.
"El problema surge por la burocrática gestión de la administración (de la ACP). No quiere tomar decisiones y la primera instancia de resolución de diferencias no se usa", dijo Moder.
La segunda instancia "solo se usa para retrasar el procedimiento y no para llegar a ningún tipo de acuerdo, que es el espíritu de estas instancias. Sin embargo, genera una importante pérdida de tiempo que afecta al proyecto y a la situación financiera del contratista", añadió.
El "GUPC aspira a que la administración (de la ACP) reconozca los argumentos que hemos planteado (...) aspiramos a que esta revisión" de los reclamos económicos "no se dilate, como ha sido el actuar de la administración en los últimos meses, una situación que ha provocado serios compromisos económicos al consorcio", dijo Moder.
El miembro de la junta directiva del GUPC afirmó que "la ACP es una institución muy sólida, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario en la administración del Canal pero se está enfrentando a una situación totalmente novedosa, ya que un proyecto de construcción de estas características es totalmente diferente al trabajo que ha desarrollado hasta ahora".
"El nuestro es sólo uno de los proyectos de construcción relacionados con la ampliación que tiene problemas y que ha aparecido en los medios", agregó, sin más detalles.
