Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana, con la que intercambia unos US$1.500 millones anuales en productos según registros oficiales, y alrededor de US$2.000 millones si se toma en cuenta el comercio informal.
La medida se conoce días después de que el gobierno haitiano anunció que cerrará su frontera terrestre a 23 productos dominicanos para mejorar el control de calidad de importación de bienes de República Dominicana, aunque permitirá su acceso a través de puertos marítimos y aéreos.
El director ejecutivo de la Comisión Técnica de Fronteras (CTF) de Haití, Max Antoine, dijo que el lugar será construido "en los próximos meses" en Fonds Bayard, cerca del puesto fronterizo de Malpasse, 98 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe, y de la localidad dominicana de Jimaní, 282 kilómetros al este de Santo Domingo.
Antoine señaló que la obra, que busca asegurar y organizar mejor el transporte de mercancías en este eje de la frontera con República Dominicana, estará a cargo de la firma Antilles Construction, y que demandará una inversión de aproximadamente 4 millones de dólares.
El representante agregó que la plataforma será operada en conjunto por la Dirección General de Aduanas, la Unión de Transportistas Haitianos y por empresas especializadas en el ramo.
La idea de construir un centro de transferencia de mercancías fue planteada originalmente el mes pasado por el dominicano Blas Peralta, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), en medio de un paro de camioneros de República Dominicana que demandaban mayor seguridad en las carreteras haitianas.
Fenatrado propuso como solución que ambos países establezcan centros de acopio en puntos de la frontera común para que camioneros dominicanos traspasen la mercancía a sus pares haitianos, aunque el gremio advirtió una duplicación de costos en el nuevo mecanismo.
El paro de casi un mes de los transportistas dominicanos, que abastecen el 90% del mercado haitiano según estimaciones oficiales, empezó a afectar la producción de maquilas en Haití, cuyos dirigentes advirtieron sobre el inminente cierre de varias de ellas por falta de materia prima.
La medida fue levantada el 28 de agosto, días después de que el Ministerio haitiano de Justicia y Seguridad Pública advirtió que "todas las personas que participen en actos de vandalismo, intimidación u otras maniobras que puedan socavar el principio de libertad de circulación y la seguridad de vidas y bienes serán detenidas sistemáticamente por la policía y perseguidos por la justicia de conformidad con la ley".
La cartera también anunció que se habían tomado medidas para garantizar y asegurar la libre circulación de personas y mercancías en la frontera dominico-haitiana y exhortó a la población de la zona fronteriza a cooperar con la policía nacional en la creación de un clima de paz.
En el transporte de carga entre los dos países, los dominicanos dominan el sector que mueve más de US$100 millones al año mediante la movilización de unos 40.000 camiones y 15.000 conductores.
En total, el intercambio comercial dominico-haitiano genera US$1.500 millones anuales.
Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana, con la que intercambia unos US$1.500 millones anuales en productos según registros oficiales, y alrededor de US$2.000 millones si se toma en cuenta el comercio informal.
El canciller de Haití, Lener Renauld, aseguró la semana pasada que su país tiene derecho a proteger sus fronteras contra ciertos productos del exterior, además de garantizar la seguridad de la población, en alusión al bloqueo terrestre que será impuesto a 23 productos dominicanos a partir del 1 de octubre.
La prohibición afecta a la harina de trigo, fideos, aceite comestible, mantequilla, manteca, jugo en polvo, gaseosas, cervezas, snacks, maíz molido y galletas.
También al jabón de lavar, detergente en polvo, embalaje en fon, agua potable, pintura y productos para carrocerías de vehículos y hierro para la construcción, tubos PVC, colchones, equipos para la construcción y utensilios plásticos.
Tras conocerse la medida, República Dominicana llamó a consulta a su embajador en Haití y acusó a ese país de violar un acuerdo suscrito en julio de 2014, que establece que "las partes notificarán cualquier norma e instrumento legal relativo al comercio antes de su puesta en práctica".
Luego, el canciller dominicano Andrés Navarro advirtió que responderá "en consecuencia" a las restricciones comerciales anunciadas por Haití, y aseguró que prefiere creer que la intención del gobierno haitiano no es seguir dañando la imagen de su nación.
El gobierno haitiano impuso la nueva restricción en momentos en que ambos países mantienen un diferendo en torno a un plan de regularización de extranjeros conocido como PNRE que ejecuta el gobierno dominicano, y que amenaza con la repatriación de miles de indocumentados haitianos según organismos internacionales.
