El plan de generación de la estatal eléctrica ENEE reporta un desfase y, por ende, en los próximos años el gobierno hondureño puede verse obligado a cortar el suministro de energía por la escasa capacidad instalada para suplir la demanda interna.

Tegucigalpa, Honduras. Los racionamientos eléctricos no están descartados. El plan de generación de la ENEE reporta un desfase y, por ende, en los próximos años el gobierno puede verse obligado a cortar el suministro de energía por la escasa capacidad instalada para suplir la demanda interna.

Lo anterior es parte de las recomendaciones que la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha entregado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional.

"Si se toma en cuenta que entre 2010 y 2015, de acuerdo con las cifras de la ENEE, se necesita adicionar 320 megavatios, es obvio que será necesario diseñar una estrategia para lograr equiparar la oferta con la demanda en vista de que gran parte de los proyectos que aparecen en el plan de expansión están muy lejos de construirse en este período", concluye la CNE.

La prórroga de los contratos con Elcosa -80 MW- y Lufussa I -39.5 MW- vienen a confirmar lo anterior, ya que la estatal eléctrica justificó esa compra directa por la tardanza de la entrada de operación de las centrales Sulzer y Alsthom, ambas ubicadas en Puerto Cortés y adjudicadas al consorcio Vetasa-Melecsa.

Desfase. El informe de la CNE revela que en el programa de expansión, los proyectos térmicos de Vetasa, o sea la planta de Puerto Cortés, con 54 MW y entrando en operación en enero de 2014, no reflejan un avance significativo y por lo tanto no se cumplirá con esa fecha.

También no parece reflejar la verdadera situación de la planta operando en 2011 y 2012 con 54 megavatios en las mismas condiciones de sustitución de Alsthom y Sulzer.

La operación con combustible de carbón no cuenta con la licencia ambiental. Según la ENEE, estos proyectos debieron haber operado en junio y agosto de 2010.

Otro de los contratos es el de Cechsa, con 54 MW, al inicio d 2012, después con 135 MW hasta 2013 y para 2014 llegar a 135 megavatios.

Esta planta se supone que operaría a base de carbón, pero aún no cuenta con la licencia ambiental y no parece cierto que se logre poner en operación en esa fecha, según la Comisión Nacional de Energía.

En el año 2011 se tiene programada la entrada en operación de una planta de 120 megavatios con motores diésel de media velocidad, pero esta no se ha licitado.

Una adición importante se espera para enero de 2012, y es relacionado con el contrato de energía eólica que se negoció en 2009. En la salida de la operación simulada se supone que generará una potencia firme de 22 MW, aunque su capacidad instalada es de 100 megas. Este proyecto es el que tiene más posibilidades de entrar en operación.

Hidroeléctricas. En el balance de potencia se nota un incremento de las pequeñas plantas hidroeléctricas con una capacidad instalada de 22 MW en 2010 se pasa a finales de 2016 a 44 MW. De la licitación de plantas renovables se empiezan a notar algunos pequeños proyectos que se adicionan a partir de 2013, agregando 14.2 MW, y 8 megas adicionales a partir de enero 2014 y 86 MW en junio de ese mismo año.

La reciente licitación de 250 megavatios muestra que más del 70% de los proyectos, al menos en los hidroeléctricos, son a filo de agua, es decir no proporcionan la energía firme que el sistema necesita durante las 24 horas, generan prácticamente durante la época de invierno y la demanda máxima se produce en la estación seca.

En el mes de enero de 2016 aparecen entrando en operación Los Llanitos y Jicatuyo, con 87 y 153 megavatios, respectivamente, es decir cinco años a partir de esta fecha, lo que parece bastante optimista, en vista del estado de avance que tienen los mismos.

Un proyecto hidroeléctrico de esta magnitud requiere de por lo menos dos años de finalización completa de factibilidad y diseño y por lo menos cuatro años de construcción.

A esto se le agrega como mínimo dos años para conseguir el financiamiento. Si todo caminara normalmente se esperaría que los mismos estuvieran en operación antes de 2018.

Aunque se está partiendo de la base que estos serían construidos en una asociación pública privada, tampoco se podrían lograr los plazos establecidos.

La CNE concluye que al analizar que muchos de estos proyectos no entrarán en operación en las fechas establecidas, el gobierno debe elaborar una estrategia para atender la demanda de energía.