La reforma agraria en el país, que se inició en 1963 con la creación del Instituto de Bienestar Rural, cumple este año medio siglo de existencia conviviendo entre fracasos y decepciones y sin lograr el verdadero objetivo del desarrollo de las familias campesinas.

El nuevo gobierno del presidente electo, Horacio Cartes, tiene el gran compromiso de revertir 50 años de fracasos en materia de reforma agraria y desarrollo rural dado que el sector campesino, largamente postergado, ya no soporta nuevas frustraciones.

El gobierno de Fernando Lugo, en el que se depositó una gran esperanza, también fracasó rotundamente en este campo.

La reforma agraria en Paraguay, que se inició en 1963 con la creación del Instituto de Bienestar Rural (IBR), cumple este año medio siglo de existencia conviviendo entre fracasos y decepciones y sin lograr el verdadero objetivo del desarrollo de las familias campesinas.

En efecto, todas las políticas de reforma agraria de los diferentes gobiernos, desde la dictadura de Alfredo Stroessner hasta nuestros días, han fracasado rotundamente, y revertir esta situación es un compromiso, nada fácil por cierto, que deberá asumir el nuevo gobierno de Horacio Cartes.

Desde la concepción misma del IBR, bajo la administración del Dr. Juan Manuel “Papacito” Frutos, y más adelante ya como lo que es hoy el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la tan mentada reforma agraria se ha reducido al simple reparto alegre de tierras sin una verdadera política de apoyo y desarrollo de las colonias campesinas.

Hasta aquí el Estado paraguayo ha repartido más de 7,7 millones de hectáreas, tanto de tierras fiscales como de propiedades compradas con millonarios recursos del erario (basta con citar como ejemplo las 260.000 hectáreas expropiadas a Antebi en 1995 por 215.000 millones de guaraníes, equivalentes a US$49,8 millones).

Sin embargo, a raíz de la corrupción imperante en las instituciones públicas, todas estas tierras repartidas no han generado riquezas más que a ciertos y determinados grupos de amigos del poder de turno y personas que se han aprovechado de la situación de pobreza e ignorancia de los campesinos para quedarse con sus derecheras.

En nombre de la reforma agraria, el Estado paraguayo distribuyó, solo desde 1989, casi un millón de hectáreas, cuyo valor oscila fácilmente entre los US$2.000 y US$3.000 millones.

La era Lugo. A pesar de haberse cifrado muchas esperanzas en ella, la reciente administración del expresidente Fernando Lugo no escapó a la estructura perversa y corrupta del sistema público que siempre se manifestó en torno a la reforma agraria.

Lugo, además, privilegió y apoyó a los sectores violentos (José Rodríguez, Victoriano López, Elvio Benítez, Eulalio López y otros), marginando a los que históricamente mantuvieron una auténtica lucha campesina por la verdadera reforma agraria, como la Federación Nacional Campesina (FNC).

Asimismo, el exmandatario trabó desde el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), bajo la administración del Ing. Miguel Lovera, todo tipo de intento por desarrollar tecnología en el campo que pudiera servir para llevar mejores condiciones de producción a los campesinos.

El único punto positivo, que se dio últimamente ya bajo la presidencia de Federico Franco, fue el inicio por parte del Indert de un Programa de Regularización de la Tenencia de Tierras y Diagnóstico de Colonias (censo rural) que ojalá culmine de la mejor manera.

De esta forma, el presidente electo, Horacio Cartes, tendrá la difícil pero no imposible tarea de llevar el tan anhelado desarrollo a un gran sector del campesinado paraguayo a través de una verdadera reforma agraria integral.