El gobierno plantea pagar un total de US$9.825.600 a 4.094 trabajadores cañeros, despedidos tras las privatización de sus centros de trabajo durante el gobierno de Violeta Chamorro.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, remitió a la Asamblea Nacional (Parlamento) una iniciativa de ley para indemnizar a miles de trabajadores agrícolas de los ingenios azucareros, informó este sábado una fuente legislativa.
Los empleados agrícolas se vieron afectados por las políticas de privatización de bienes estatales durante el gobierno neoliberal de Violeta Chamorro (1990-1997), agregó Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.
Gutiérrez dijo a la prensa que la iniciativa del presidente Ortega favorecerá a un total de 4.094 ex trabajadores cañeros afectados por la política de privatizaciones del gobierno de Chamorro en la década de los 90.
El legislador señaló que el gobierno pagará un total de US$9.825.600 a un total de 4.094 trabajadores cañeros, despedidos tras las privatización de sus centros de trabajo durante el gobierno neoliberal de Violeta Chamorro. El legislador dijo que el gobierno cancelará la deuda con los trabajadores, a través de los denominados "bonos de cumplimiento" que para tal efecto deberán emitirse de conformidad con el artículo 32 de la Ley 477, Ley General de Deuda Pública.
Gutiérrez indicó que la iniciativa será conocida por el plenario del congreso nicaragüense la próxima semana para su debida aprobación, antes que los legisladores tomen sus vacaciones de fin de año.
El dirigente legislativo reiteró que aunque la restitución de este derecho a favor de los trabajadores cañeros significa un mayor endeudamiento para el gobierno, "en principio este pasivo está justificado por la necesidad de indemnizar a los ex obreros agrícolas con algo que por derecho les corresponde".
"En justicia social es muy positivo" subrayó.
Gutiérrez recordó que durante el gobierno de Chamorro, se privatizaron los ingenios "Javier Guerra", "Monterrosa", "San Antonio" y "Benjamín Zeledón", en los cuales los trabajadores cañeros eran propietarios del 25% del capital accionario.
