El lote 116 "se superpone a 73 comunidades tituladas", dijeron los dirigentes de los awajun y los wampis, que son apoyados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en una rueda de prensa en Lima.
Lima. Dos pueblos indígenas de la región Amazonas, en el norte de Perú, presentaron una demanda de amparo para que se detenga la exploración y se someta a un proceso de consulta previa las actividades en un lote asignado a la empresa canadiense Pacific Rubiales y a la francesa Maurel Et Prom.
El lote 116 "se superpone a 73 comunidades tituladas", dijeron los dirigentes de los awajun y los wampis, que son apoyados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en una rueda de prensa en Lima.
"El Estado debía, por lo menos, haber coordinado con nosotros; en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) solo consideraron a tres comunidades", afirmó Wrays Pérez, en representación de las dos comunidades..
El dirigente enfatizó que "el derecho de consulta es constitucional" y aseguró que los trabajos de exploración "están contaminando las aguas, los bosques y ahuyentando la cacería".
"No estamos diciendo que no queremos que haya desarrollo, sino que se cumplan las leyes", remarcó.
Ananías Shawit, de la Federación Indígena de Shawit, remarcó que la llegada de las empresas petroleras a su territorio, cercano a la frontera selvática con Ecuador, ha generado una división en sus comunidades.
"Antes de la llegada de las empresas nosotros estábamos unidos, solidarios. Compartíamos una sola lucha, pero la empresa ha creado divisionismo (...) este territorio es herencia de nuestros antepasados, antes de la fundación del Perú", señaló.
Shawit aseguró que las comunidades quieren que el Estado dialogue con ellos, pero no confían en sus propuestas porque desean que los dejen "vivir tranquilos".
"Queremos un desarrollo con lo que tenemos, con la agricultura, un desarrollo sostenible, no contaminando. Tenemos el derecho a ser respetados como cualquier otro peruano", acotó.
Tras la rueda de prensa, el abogado Richard O'Diana, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), declaró a Efe que la acción de amparo se presentó porque se agotaron todas las vías administrativas.
"Pedimos al Ministerio de Energía y Minas el derecho de consulta, se nos negó, fuimos al Viceministerio de Interculturalidad, se nos negó, y al haber agotado la vía previa, decidimos ir ya a la acción de amparo", explicó.
O'Diana remarcó que debían actuar con rapidez frente al caso "por que es una actividad que en este momento ya está culminando su etapa de exploración y haría estéril cualquier tipo de hecho posterior", al entrar en su etapa de explotación
"Por eso podríamos considerar la opción de presentar una medida cautelar, por la cual uno pide la detención del proyecto antes de que siga adelante el curso normal del proceso, que es de dos años aproximadamente", adelantó.
El abogado dijo que aún deben esperar que se declare la procedencia del recurso, que se ha presentado ante la Corte Superior de Justicia de Lima y consideró que "lo más probable es que suba a la Corte Suprema y tal vez llegue al Tribunal Constitucional."
Aunque la ley peruana establece que la consulta previa no tiene carácter vinculante, el abogado explicó que también "hay determinados supuestos que activan un derecho de consentimiento, reconocido no solo en la norma internacional sino en el mismo reglamento de consulta previa nacional."
"Uno de los supuestos se da, en este caso, en la séptima disposición final del reglamento, que se refiere al almacenamiento y disposición de químicos en territorio indígena, y justamente en el Estudio de Impacto Ambiental se habla de almacenar químicos y desecharlos a través de barriles, con metales pesados, en territorio indígena", concluyó.
