La cuestión que se plantean los expertos es cómo abordar una situación que llevará a la población mundial a alcanzar los 9.200 millones de personas y que supondrá un aumento de la demanda de alimentos cercano al 70%.

Madrid. La industria alimentaria tiene que afrontar en pleno siglo XXI el reto de dar soluciones al aumento de la población que en el horizonte del 2050 demandará un 70% más alimentos, a los problemas de salud de medio mundo por sobrepeso y a los de malnutrición de la otra mitad.

La cuestión que se plantean los expertos es cómo abordar una situación que llevará a la población mundial a alcanzar los 9.200 millones de personas -un 38% más que la cifra actual- que además implicará que la renta per cápita mundial pueda llegar a duplicarse, sobre todo, en los países emergentes, y que supondrá un aumento de la demanda de alimentos cercano al 70%.

Unos alimentos que en su mayoría (un 85%) son procesados, es decir llegan al consumidor de la mano de la industria, mientras que el resto son frescos.

Por ello, las soluciones implicarán a toda la cadena, pero empezando por la propia industria las grandes multinacionales alimentarias se preparan para una situación global que supondrá un gran desafío en todos los niveles.

En este, sentido grupos como Nestlé o Unilever se han marcado compromisos nutricionales y de sostenibilidad para contribuir a una alimentación sana, tener un especial cuidado con la alimentación destinada a los más jóvenes, pero también ser accesible al resto de la población que por situación económica y accesibilidad no se lo pueden permitir con la asiduidad y cantidades del mundo desarrollado.

El elevado coste sanitario derivado de los problemas de salud, obesidad y sobrepeso, así como distintas cardiopatías, provocará, según los expertos un aumento de las regulaciones por parte de los gobiernos, así como una política fiscal que intentará penalizar los alimentos que puedan provocar riesgo para la salud.

Unas situaciones que se han intentado en distintas partes del globo, como en Estados Unidos o en varias comunidades españolas, en ambos casos en refrescos y otros productos azucarados.

Según datos del Ministerio de Sanidad, cerca del 28% de la población española padece obesidad o sobrepeso.

La situación económica de las familias influye directamente en la alimentación, de hecho durante la crisis económica la obesidad ha aumentado entre las clases más empobrecidas desde el comienzo de la crisis y ha pasado del 14% al 22% entre 2003 y 2011.

Las familias con menor presupuesto reducen inmediatamente su gasto en actividades físicas extraescolares, y tienden a comprar alimentos más económicos y de mayor densidad calórica.

Ante esta situación, la industria alimentaria se prepara y busca soluciones como reformulaciones de alimentos preparados y con un mayor énfasis en investigación y desarrollo.

Uno de estos casos es el de Nestlé, que se ha puesto como hoja de ruta diez compromisos que la llevan, entre otras acciones, a reformular sus productos para reducir la cantidad de azúcares añadidos, sal, grasas saturadas, y a utilizar colorantes y aromas naturales, así como a fijar un máximo de calorías por porción en determinados alimentos.

En esta línea también destaca Unilever, que en el tercer año de su Plan de Sostenibilidad 2020 ha logrado eliminar las grasas trans de origen industrial y limitar a un máximo de 110 las calorías en helados para niños y ha incrementado en un 12 % el uso de materias primas sostenibles (hasta situarlo en el 48%).

Muchas multinacionales diseñan productos específicos en función de los mercados de destino, como por ejemplo empresas lácteas que envían alimentos adaptados a sus necesidades nutricionales, y en envases individuales accesibles a su economía.

Mientras que en los países desarrollados las familias adquieren los yogures en paquetes de ocho y hasta de 16 vasos cada semana, en otras zonas del mundo se venden individualizados por unidad, y se lo pueden permitir sólo una vez al mes.