La norma obligará a las empresas a destinar lo que el Estado requiera de su producción para alimentar las fundiciones públicas y privadas, expresó el viceministro de Desarrollo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova.

La Paz. La nueva Ley de Minería incluiría incentivos de reducción tributaria o de regalías para los operadores que industrialicen su producción en Bolivia.

La norma obligará a las empresas a destinar lo que el Estado requiera de su producción para alimentar las fundiciones públicas y privadas.

Así lo informó el viceministro de Desarrollo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova, a tiempo de aclarar que las propuestas son debatidas actualmente por la comisión que elabora el anteproyecto de nueva Ley de Minería. Los últimos aspectos a tratar son los relacionados con inversiones y tributación.

“Hay que promover de alguna forma la industrialización (de la minería) en el país. Una propuesta es dar a las empresas un plazo para incorporarse al proceso de industrialización y pasado ese tiempo cobrar un impuesto a la exportación de concentrados. Otras propuestas establecen que mientras más industrializado esté el mineral menos impuestos o regalías debe pagar el operador”, afirmó.

El primer destino de la producción de concentrados del país, remarcó, “deben” ser primero las fundiciones del Estado y luego las de privados.

Cuando esta capacidad de procesamiento haya sido colmada, el excedente de concentrados puede ser exportado.

Ingresos. Según el Boletín Estadístico Minero Metalúrgico de Enero-Junio 2011 del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), actualmente, el Estado realiza la fundición del 74,49% del estaño metálico que se produce en territorio nacional; del 2,93% del cobre metálico; y del 100% del bismuto.

“Los incentivos planteados son muy importantes y necesarios para que los operadores (mineros) lleguen a la etapa de industrialización (...). Veremos si la propuestas son aceptadas en el sector minero”, afirmó Córdova.

Sin embargo, recordó, los proyectos en minería y metalurgia requieren de un período de “maduración” que oscila entre los cinco a 15 años y los resultados de las medidas que se vayan a implementar en esta gestión no se verán en el corto plazo.

Por este motivo, la estrategia para el aprovechamiento pleno de los recursos mineros del país definió otras medidas en el anteproyecto de ley del sector.

El Artículo 116 de la norma establece que “las comercializadoras (de minerales) deberán reconocer explícitamente que el valor de los acompañantes naturales de los principales metales existentes en los concentrados son de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia y, por tanto, deben asumir el compromiso de efectuar su deducción del valor y realizar su correspondiente débito al Tesoro General de la Nación (TGN), una vez cubiertos los gastos de realización”.

Industria en cooperativa y privados. El anteproyecto de Ley de Minería establece que el Estado, a través de la ejecución de su política financiera, fomentará la industrialización de metales y no metales de las cooperativas mineras. Además, promoverá la industrialización en la minería privada.

Decidirán destino de plantas de zinc. La Comibol decidirá hoy si adjudica o no la construcción de dos plantas fundidoras de zinc en Oruro y Potosí.

Si la decisión es negativa, el Estado buscará alternativas de financiamiento que darían preferencia a las sociedades con firmas estatales de otros países.

“Mañana (por hoy) se tomará una decisión” sobre la adjudicación de las dos plantas de zinc, anunció el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova.

Si los consorcios que se presentaron a la licitación por “invitación directa” no cumplen con los requisitos necesarios para concretar el proyecto, dijo, “el Estado debería conseguir esos recursos”, ya sea a través del “financiamiento de Estado a Estado” o de la invitación a otras empresas constructoras.

La inversión estimada para las plantas es de US$500 millones y su capacidad de procesamiento será de 100.000 toneladas cada una.

Al estar las propuestas económicas en el margen de lo requerido (entre US$480 y US$500 millones), los parámetros que se evalúan para la adjudicación de las fundidoras son la forma de devolución del monto de construcción y la tecnología a implementarse para el procesamiento, entre otros.

Los consorcios interesados son Setal Sog Oleo E GAS SA-Técnicas Reunidas y Vilcosac SRL; NFC & Zincobre Ingeniería España & Zincobre Bolivia; y Henan Yuguang International Economic & Technical Cooperation Corp LTD.