A días de cumplirse un año de la medida dictada por el Ejecutivo ordenando la intervención (y en algunos casos la expropiación) de treinta y tres desarrollos habitacionales en diversos estados del país, un grueso número de afectados se queja de que el gobierno no ha culminado las obras.
A días de cumplirse un año de la medida dictada por el Ejecutivo ordenando la intervención (y en algunos casos la expropiación) de treinta y tres desarrollos habitacionales en diversos estados del país, un grueso número de afectados se queja de que el gobierno no ha culminado las obras.
Representantes de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu), organización que atiende a centenares de afectados, consideran que la intervención en muchos casos generó mayores tropiezos porque las obras se atrasaron aún más.
"Claro, esto está pasando por que ni el Gobierno ni la banca han llegado a acuerdos concretos para que se libere el dinero para terminar los edificios", dijo Conny García, asesora legal de Fevacu .
El 31 de octubre de 2010 el presidente Chávez dictó la medida de ocupación de urbanismos que presentaban retrasos en la ejecución y entrega de edificios; y en otros casos porque los mismos co-propietarios de estas edificaciones denunciaron a las compañías constructoras y promotoras por haber cobrado de manera ilegal el IPC (indicador de inflación) como parte de la cuota inicial.
Luego de esa fecha los compradores en los desarrollos intervenidos albergaron esperanzas de que con la medida gubernamental se agilizaran los trabajos y se subsanarían irregularidades.
En el momento del anuncio el presidente Chávez dijo: "se los vamos a expropiar, a intervenir porque estos son unos zamuros urbanísticos, constructores que están explotando a la clase media... nos hemos dejado de cómica y no permitiremos que sigan explotando a la clase media".
La medida que anunció el presidente Chávez incluía, en los casos de expropiación, que los activos de las constructoras responsables de las obras, pasaban a manos del Estado, como maquinarias, instalaciones y la confiscación de las cuentas bancarias donde estaba depositado el dinero de los compradores por concepto de pagos por cuota inicial, dinero que las constructoras piden de manera fraccionada a compradores de viviendas en preventa.
