El proyecto de almacenamiento de combustible en Isla Boná representa un impacto a la economía de ese país cercano a los US$400 millones y sería la inversión más alta realizada en el sector del Golfo de Panamá, una de las regiones más pobres del país.

Ciudad de Panamá.- La empresa Bona Pacific Corp. denunció que es víctima de intereses empresariales que buscan mantener el monopolio del suministro de combustible en la entrada pacífica del Canal de Panamá y apelaron al respeto de la seguridad jurídica de los inversionistas.

En una conferencia de prensa en la que ambientalistas ingresaron a pesar de no estar invitados, la empresa dio una amplia explicación del proyecto.

“No queremos pensar que se quiere cancelar esta importante inversión para favorecer a grupos económicos que nos ven como una competencia a su negocio, porque Panamá ya ha debido superar esta etapa donde funcionarios responden directamente  a grandes compañías”, destacaron representantes de la empresa.

El proyecto de almacenamiento de combustible en Isla Boná representa un impacto a la economía nacional cercano a los US$400 millones y sería la inversión más alta realizada en el sector del Golfo de Panamá, una de las regiones más pobres de Panamá, junto a las comarcas indígenas.

Igualmente fortalecerá la estrategia de Panamá de convertirse en un hub logístico mundial, al ofrecer la venta de combustible a barcos de alto calado, que de otra forma se irían hacia Colombia, Jamaica y Costa Rica, que ya adelantan proyectos de este tipo y serían los que  aprovecharan la ampliación del Canal.

Después de tres años de haber iniciado sus trámites legales, la terminal de Isla Boná es objeto de una campaña de desprestigio basada en mentiras e imprecisiones que no tienen ningún tipo de sustento científico y legal y que se hace abiertamente sin conocer a fondo como se realizará la construcción y como operará la terminal, dijeron los representantes de la empresa a través de su vocero el abogado Justino González.

La suspensión de esta iniciativa por parte del Contraloria pone en tela de duda la seguridad jurídica del país, ya que se decreta luego que inversionistas panameños y extranjeros recibieron todas las autorizaciones y se arriesgaron invertir hasta el momento más de US$2,5 millones, señala la empresa.

En la conferencia los empresarios señalaron que se ha querido manipular a la opinión con información imprecisa y falsa, por lo que presentaron documentos oficiales que respaldaban sus señalimientos entre estos el contrato de arrendamiento, el cual descarta que la isla se les ha vendido tal como mencionó un diario local.