Se ordenó citar a una veintena de investigados y a otros testigos para aclarar las supuestas irregularidades en la compra de la filial colombiana Inassa, por parte de Aguas de Madrid.

Este 27 de diciembre fueron citados a declarar exmiembros del Gobierno de la región de Madrid, investigados por ser partícipes en la compra de la filial latinoaméricana Inassa, adquirida por la empresa pública española de aguas Canal Isabel II.

Hasta ahora, no ha sido posible saber por qué la empresa pública de aguas Canal Isabel II decidió establecer 20 filiales en 10 países latinoamericanos.  

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid (Partido Popular) fue detenido el pasado 19 de abril y se le acusa de desvío de fondos del Canal de Isabel II.  Junto a él también fueron detenidas doce personas más.

El escándalo de corrupción salió a la luz pública con el nombre de "caso Lezo". En 2001 el Canal de Isabell II adquirió la filial de Inassa y por medio de ella realizó diferentes operaciones de compraventa  en diferentes países de Latinoamérica como Colombia, Panamá, Brasil y República Dominicana.

Los casos de corrupción tienen que ver con precios que fueron inflados y con la repartición de sumas de dinero entre directivos. A muchas de las personas detenidas, entre ellos Gonzáles, se les ha otorgado la libertad tras el pago de altas fianzas. Las órdenes de libertad han sido extendidas con la condición de no salir del país ni de destruir pruebas.

Ya son unas 20 personas las investigadas por fraude en Colombia. Ahora, diferentes exconsejeros del expresidente de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, han sido citados a declarar.  El juez Diego De Gea, quien está cargo del caso de Lezo, también ha citado a declarar como investigados a distintos exconsejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y al expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo por su participación en la compra de Inassa, presuntamente de forma irregular y fraudulenta.

Alrededor de una veintena de investigados y testigos serán llamados a declarar ante el juez De Egea y, entre ellos, también algunos exconsejeros de Madrid. De Gea ha hecho la petición para identificar los correspondientes miembros del Gobierno regional que participaron de la firma del contrato el cual fue realizado en 2001.