La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) -que pertenece en 53% a un grupo local liderado por el político Samuel Doria Medina y en 47% al Grupo de Cementos Chihuahua- denunció que la determinación judicial pone en riesgo pagos que incluyen nuevas inversiones de la empresa.

La Paz. Un juez ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de la principal industria de cemento de Bolivia, Soboce, que tiene entre sus accionistas al consorcio mexicano Chihuahua, en un proceso por presunto daño económico al Estado, informó la empresa.

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) -que pertenece en 53% a un grupo local liderado por el político conservador Samuel Doria Medina y en 47% al Grupo de Cementos Chihuahua- denunció que la determinación judicial pone en riesgo pagos que incluyen nuevas inversiones de la empresa.

"Soboce está tomando todas las medidas para mantener sus operaciones normales y veremos todas las medidas necesarias para mantener nuestro mercado y por supuesto estamos preparando una apelación ante esta determinación", dijo el presidente del directorio de la cementera boliviana, Juan Carlos Requena.

El 1 de septiembre de 2010 el gobierno de Evo Morales nacionalizó el 33,34% de acciones que la empresa boliviano-mexicana tenía en la fábrica de cemento Fancesa, argumentando que Doria Medina cometió "tráfico de influencias" al adquirirlas vía privatización en 1999.

La llamada "reversión" de la privatización parcial de Fancesa fue seguida por un proceso judicial del Gobierno contra Soboce por presunto daño económico, en cuyo desarrollo se emitió la orden de congelamiento de cuentas revelada el viernes.

"Esta orden de congelar cuentas es ilegal porque se basa en un proceso radicado en un juicio que ni siquiera ha sido iniciado en lo que refiere a calificación de daños. Es una decisión orientada a presionar y generar hostigamiento", manifestó el gerente general de Soboce, Armando Gumucio.

Soboce es el conglomerado dominante en la industria de construcción en Bolivia, con tres fábricas de cemento, procesadoras de insumos y fábricas de hormigón.

Morales, en el poder desde el 2006, ha devuelto ya al Estado mediante decretos de nacionalización la mayor parte de empresas energéticas, mineras, industriales y de servicios privatizadas por gobiernos neoliberales en las dos décadas anteriores.