La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), participada por Samuel Doria Medina, indicó que un juzgado del Tribunal de Chuquisaca falló la semana pasada a su favor en una demanda interpuesta contra la gobernación de esa región.

La Paz, EFE. La Justicia boliviana ordenó al Estado pagar US$93,3 millones por la expropiación en 2010 de una cementera del opositor Samuel Doria Medina, tras haberse vencido el plazo legal para ello, informó hoy una fuente empresarial.

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), participada por Doria Medina, indicó que un juzgado del Tribunal de Chuquisaca falló la semana pasada a su favor en una demanda interpuesta contra la gobernación de esa región por no haber pagado hasta ahora por la expropiación de sus acciones en la cementera Fancesa.

"La sentencia establece el pago de US$93 millones por parte de la referida Gobernación a favor de Soboce, por el 33,34% de las acciones revertidas en Fancesa, además de un interés del 6% anual por daños y perjuicios", según un reporte de Soboce difundido por la Bolsa Boliviana de Valores.

En Soboce, principal productora de cemento del país, tiene el 51% un grupo de inversores encabezados por Doria Medina y el 47% restante estuvo hasta agosto de 2011 en manos del grupo mexicano Cementos Chihuahua, que vendió entonces su participación al Consorcio Cementero del Sur de Perú.

El presidente boliviano, Evo Morales, decreto en septiembre de 2010 la expropiación de las acciones de Soboce en Fancesa, alegando que la compra de ese paquete accionarial en 1999 fue irregular, lo que negaron los afectados.

El decreto establecía un plazo de 180 días para que la gobernación de Chuquisaca, que asumió el control de las acciones, pagara por la nacionalización, pero ya han transcurrido 966 días sin que ello suceda, según Soboce.

La falta de pago ocasionó la demanda contra el gobernador oficialista Esteban Urquizo, que hoy protestó airadamente por el fallo del juzgado chuquisaqueño, que calificó de "injusto, parcializado y sesgado".

"Por encima de cualquier criterio jurídico defenderemos los intereses económicos del departamento, porque el fallo no afecta simplemente a la gobernación, sino afecta directamente al pueblo chuquisaqueño", sostuvo Urquizo, según la agencia estatal ABI.

Acusó a Doria Medina de haber causado un daño de unos US$36,8 millones a Chuquisaca durante la década que su empresa administró la cementera ahora expropiada y anunció que apelará el fallo.