A comienzos de este año, el ente energético había resuelto dejar sin efecto los contratos firmados con la argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa) correspondientes a tres parques eólicos con una capacidad total de generación de 65 megavatios (MW).

Montevideo. La empresa UTE va camino a rescindir más contratos de compraventa de energía eólica con empresas privadas debido al atraso de los inversores en el cumplimiento de los plazos y a la falta de acuerdo para establecer las condiciones para el otorgamiento de prórrogas.

A comienzos de este año, el ente energético había resuelto dejar sin efecto los contratos firmados con la argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa) correspondientes a tres parques eólicos con una capacidad total de generación de 65 megavatios (MW), después que la firma no pudiera concretar su construcción por haber entrado en default.

A esa lista se puede sumar el parque eólico Artigas (50 MW) porque el plazo límite para su instalación se venció el pasado 27 de junio y las partes no llegaron a un acuerdo para extenderlo.

La firma alemana Innovent GmbH que es la desarrolladora del parque pidió prorrogarlo hasta junio de 2017 para poder cumplir con el contrato firmado en diciembre de 2013. En esa instancia UTE ofreció atender el pedido, pero bajo la condición que el inversor abonara al contado un pago de US$ 6 millones como compensación por la demora.

Según supo El Observador, la firma desarrolladora está dispuesta a efectivizar el pago, pero quiere negociar las condiciones, bajo el argumento de que el ente ya otorgó en el pasado a otra empresa que estaba en una situación similar la posibilidad de abonar una parte al contado y otra a descontar cuando le empiece a vender la energía generada.

Sin embargo, lejos de flexibilizar su postura, el directorio de UTE resolvió desestimar la propuesta y comenzar a aplicar una multa diaria por cada MW contratado que no se haya instalado antes que termine la prórroga automática que vence en diciembre. A eso le seguirá la ejecución del cobro de la garantía por algo más de US$ 4 millones. La inversión estimada para la construcción de este parque es de US$ 130 millones.

Otro de los proyectos que está en duda es el de la empresa brasileña Alubar Energía SA que firmó contrato con UTE en el año 2012 para construir el parque eólico Molinos de Rosas (50 MW) en el departamento de Maldonado y cuyo plazo venció en junio de este año.

En este caso la empresa había pedido una prórroga hasta mitad de 2016 que el ente aceptó en junio del año pasado, previo al pago de una compensación económica por US$ 3 millones, según informó El País. Sin embargo, esa decisión fue modificada luego por la Dirección Nacional de Energía (DNE) bajo el argumento que no era conveniente seguir con el proyecto debido a una coyuntura de "bonanza eléctrica". Aquí la inversión proyectada es de unos US$ 110 millones.

En todos los casos mencionados las empresas presentaron nuevos socios como garantía, e incluso Impsa le ofreció a UTE reducir el precio de venta de la energía antes acordado en los contratos, de US$ 80 y US$ 90 Mw/h, hasta US$ 63. Una fuente consultada por El Observador indicó que los inversores privados han planteado la situación a autoridades del nuevo gobierno, y si bien se ha manifestado que existe voluntad de "salvar los proyectos", hasta el momento no hubo avances concretos.

Todo se da en un contexto donde el ente no tiene la misma urgencia de antes por incorporar nuevos generadores privados que lo provean de energía proveniente del viento. De hecho, uno de los argumentos que se ha dado por parte de la DNE es que el no cumplimiento de los contratos y un eventual impacto negativo sobre la matriz energética ya ha sido mitigado con los parques que está desarrollando UTE.

En la actualidad el ente tiene proyectada la construcción de cuatro parques por un total de 350 MW de eólica que serán de su propiedad: Pampa en Tacuarembó (140 MW), Valentines en Treinta y Tres (70 MW), Palomas en Salto (70 MW) y Colonia Arias en Flores (70 MW). Por otro lado, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) actualmente hay 18 parques instalados y operativos en todo el país por un total de 529 MW. Este permite cubrir entre el 15% y 20% de la demanda. El plan del gobierno es llegar a una meta de entre 1.200 MW y 1.400 MW en 2017.

Con el ingreso progresivo de energía renovable a la matriz energética del país las autoridades apuntan a bajar los costos de generación y de abastecimiento de la demanda. Para eso también es necesaria la entrada en funcionamiento de la planta regasificadora y la central de ciclo combinado de Punta de Tigre.

Esta semana la empresa UTE cubrirá la demanda de energía eléctrica solo con energías renovables. El despacho programado por la Administración del Mercado Eléctrico establece que el abastecimiento se realizará en 71% con generación hidráulica (Salto Grande 49,6% y Río Negro 21,4%), y eólica y biomasa (29%). Los buenos niveles de hidráulica han permitido reducir el uso de energía térmica este invierno.