El gobierno mexicano anunció acciones para tenderle la mano a la moribunda empresa estatal. La compañía y sus proveedores respiran. Pero, la gran pregunta de los analistas es si estas soluciones son un paño de agua tibia para los grandes problemas que enfrenta la petrolera.
Son buenas noticias, sin duda: Petróleos Mexicanos recibirá US$4.200 millones por parte del Gobierno para fortalecer su posición financiera. Además, su régimen fiscal cambiará, y la empresa podrá hacer mayores deducciones en sus costos. Un profundo ajuste presupuestario de US$5.700 millones, una de las primeras medidas anunciadas por José Antonio González Anaya, quien asumió la dirección general de Pemex desde enero pasado, completa el “rescate”.
La caída de los precios del petróleo, la abultada deuda, el agotamiento de las reservas y las nuevas condiciones impuestas por la reforma energética, obligaron a la anquilosada empresa estatal a emprender esfuerzos para transformarse.
Los tiempos en que podía ser ineficiente y a la vez muy rentable, se acabaron. La crisis más grande que enfrenta Pemex desde 1938, cuando fue fundada y se nacionalizó la industria petrolera, ha puesto en evidencia las grandes deficiencias en infraestructura, la corrupción y el paulatino desangre al que estaba sometida la compañía.
En 2015 la petrolera estatal registró las mayores pérdidas de su historia: US$30.000 millones (US$87.000 millones en deuda, US$147.000 millones de pasivo y una grave iliquidez).
La situación y la respuesta gubernamental han reabierto el debate político sobre la privatización de la compañía. La empresa, que ha sido considerada un orgullo nacional, parece a punto de reventar.
Muchos proveedores, a quienes se les deben más de U$3.400 millones, están en riesgo de desaparecer. Ahora, luego del anuncio del salvavidas lanzado por el gobierno, la gran pregunta que los analistas se hacen es si las medidas que se han tomado son suficientes, y qué tan reducida quedará la empresa después de la tormenta.
Una cruda realidad. En 2004, México producía 3,3 millones de barriles. Hoy sólo produce 2,2 millones. Dos de los yacimientos más rentables del mundo que se encuentran en el país están cerca de agotarse. El 30% de los ingresos públicos en 2014 llegaban por la vía del petróleo; en 2015 sólo el 20%.
Sumado a estas duras circunstancias, existe una innegable ineficiencia en sus operaciones. Pemex obtiene $782 mil dólares por cada empleado, mientras que la estadounidense Exxon vende $4,8 millones de dólares por empleado. Pemex tiene siete veces más personal que la estatal noruega Statoil (150.000 empleados), uno de los mayores abastecedores de petróleo crudo del mundo.
Además, Pemex alimenta a miles de empresas, pequeñas, medianas y grandes, y es el corazón de la vida económica de los estados ubicados en la región del Golfo. El adeudo con proveedores llegó en el momento más álgido a ser de casi US$8.000 millones, y puso en riesgo a cientos de empresas y cientos de miles de empleos.
Los recortes en inversión y las perspectivas de bajos precios obligaron a la empresa a reducir 10.000 puestos de trabajo, suspender proyectos y hasta a querer devolver campos que le fueron asignados en la ronda Cero. El interés sobre las subastas petroleras también se ha visto afectado.
Para colmo de males, la agencia calificadora Moody’s rebajó la perspectiva crediticia de México de estable a negativa unos días antes del anuncio de rescate. La razón: los problemas que el país enfrenta para consolidar su política fiscal, así como la falta de liquidez de la petrolera estatal.
“Los pasivos por un posible apoyo del Gobierno a Pemex, dadas las presiones de liquidez del productor estatal de petróleo, podrían debilitar aún más el proceso de consolidación fiscal del país”, dijo la consultora en un comunicado, antes del anuncio del gobierno mexicano.
El informe de Moody’s concluye: “no es factible un alza de las calificaciones de Pemex en el corto plazo. Para considerar un alza de la calificación, la compañía tendría que reducir significativamente su apalancamiento y mejorar su perfil operativo, flujo de efectivo y liquidez. Simultáneamente, Moody’s tendría que mantener sus expectativas actuales sobre el apoyo del soberano. La mejora de los indicadores operativos y una menor carga fiscal, que soporte mayores niveles de financiamiento interno para las inversiones de capital, y las perspectivas de una sólida tendencia de crecimiento de la producción y reservas, podrían beneficiar la estimación del riesgo crediticio base.”
El rescate. Para Erik Legorreta, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe), que agrupa a más de 3 mil empresas proveedoras y prestadoras de servicios para el sector de los hidrocarburos en México, la llegada de José Antonio González Anaya ha sido un acierto. “El nuevo director representa un gran cambio en el manejo financiero y una nueva sensibilidad hacia los pasivos que tiene la empresa”, dice.
González Anaya, ingeniero y economista por el MIT, doctor por Harvard y profesor en Stanford, es considerado un mago de las finanzas públicas, y se espera que sea el artífice del “rescate” y la transformación de la compañía. Viene de transformar al Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), al recortar su déficit en dos terceras partes.
En una reciente entrevista al diario El País, González Anaya dijo: “Tenemos un problema de liquidez, no de solvencia, y nos tenemos que adaptar a un entorno de precios más bajos de lo previsto. Para ello, hemos puesto en marcha tres líneas de acción: aumentar la eficiencia, diferir inversiones no rentables y ajustar el gasto a operaciones que sean rentables con un barril a 25 dólares”.
El directivo se estrenó con un fuerte recorte presupuestario –US$ 5.700 millones– y anunció que por esta razón Pemex ajustará proyectos petroleros con altos costos de producción, reducirá sus gastos corporativos y administrativos, y buscará ahorros en compras impulsando una mayor competencia entre sus proveedores.
El gobierno mexicano respondió dos meses después, y ha puesto en marcha toda su maquinaria política para salvar a Pemex. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo en un comunicado sobre la reciente ayuda del gobierno: “En el contexto actual de precios bajos del petróleo, el Gobierno Federal apoyará a Pemex, utilizando diversos instrumentos que incidirán en un mejor resultado de operación, la capitalización de la empresa y mayor liquidez inmediata”.
Los aportes del rescate se harán en dos partes: US$1.517 millones para que la empresa reduzca sus deudas, mediante el intercambio por títulos del gobierno de una parte del bono que el año pasado este le otorgó a la petrolera, con lo que se espera aumente la liquidez de la empresa. Pemex deberá comprometerse a reducir su pasivo circulante. El resto, US$ 2.691 millones, se entregará para cubrir el pasivo laboral de la compañía.
“Va a dar un respiro importante a la economía de las empresas que estamos trabajando con Pemex, y a las empresas y a todo el sector industrial que gira alrededor del petróleo”, explica Legorreta.
En cuanto al cambio del régimen fiscal, este permitiría aplicar una deducibilidad mayor por concepto de costos, gastos e inversiones en el cálculo del derecho por utilidad compartida en la exploración y explotación de hidrocarburos en tierra y aguas someras. Los cálculos de la Secretaría de Hacienda dicen que esto puede significar para la petrolera mexicana una disminución de unos US$2.940 millones en el pago de impuestos.
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“En nuestra opinión, este paquete de apoyo permitirá a Pemex resolver su problema de liquidez de corto plazo”, dice el director general adjunto de Análisis Económico del grupo Banorte-Ixe, Gabriel Casillas.
“No estamos ante una situación deseada, pero los empresarios tenemos que reconocer que los problemas no tienen origen en Pemex ni en el país. Son el resultado de la caída de los precios”, dice Legorreta. Los contratistas tendrán que adaptarse a la transformación de Pemex, que pasa de ser el monopolio de los hidrocarburos a operar como una empresa privada que busca reducir costos ante un panorama adverso. Es muy probable que muchas empresas no sobrevivan a este cambio.
¿Transformación suficiente? La transformación de Pemex debe ir mucho más allá de un recorte presupuestario y un rescate del gobierno mexicano. Hasta el mismo González Anaya, en una entrevista al Financial Times, aceptó días después del anuncio del rescate que “estabilizar sus finanzas es apenas un primer paso”. El siguiente reto, según sus palabras, será “estabilizar y aumentar la producción, que lleva cayendo 12 años”.
El deterioro de la compañía llega en un momento especialmente delicado, cuando se esperaban los primeros resultados de la reforma energética y, con esta, la llegada de las inversiones multimillonarias a un sector golpeado después de décadas de monopolio estatal.
Fulvio Paz, consejero independiente de la petrolera, dice que “el monto del rescate es insuficiente pero positivo. Es algo más allá que una solución de corto plazo y una buena señal de que el gobierno está trabajando para solucionar los problemas de Pemex”.
Pemex debe buscar sus propias maneras para compensar los recursos económicos que no está recibiendo por la caída en los precios del petróleo en los mercados internacionales, explica Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Itesm.
La creación de instrumentos financieros, como la Fibra E, es decir, el Fideicomiso de Bienes Raíces para el Sector Energético, es una de las opciones; otra posibilidad, más lejana, es que la empresa coloque de manera directa acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que para muchos es un paso hacia la privatización.
“Petróleos Mexicanos es el socio ideal para las empresas mexicanas y extranjeras que quieran invertir en el sector”, dice Erik Legorreta. “Este es el momento de invertir en ella para aprovechar el momento en el que el petróleo vuelva a subir”. Para Amipe el anuncio de la capitalización gubernamental de Pemex es una buena señal para continuar con la implementación de la reforma energética y el desarrollo de la industria nacional.
Ante la crisis, las voces que apoyan la privatización se han hecho oír nuevamente. Mark Mobius, presidente ejecutivo del grupo de Mercados Emergentes de Templeton, dijo en su última visita a México: “La privatización de Petróleos Mexicanos sería benéfica para México, inyectaría confianza y motivaría la atracción de flujos de inversión tanto extranjeros como locales”.
El debate sobre la crisis de la petrolera y su aparente privatización serán uno de los grandes temas para las elecciones de 2018. Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional de Morena, candidato de izquierda y primero en las encuestas, ya se anticipó, y dijo hace unos días en un evento en Puebla: “vamos a cancelar la llamada reforma energética, porque el petróleo no es de Peña, ni de Salinas, ni de los extranjeros; el petróleo es de la nación y lo vamos a recuperar, aunque tengamos que llevar a cabo la segunda nacionalización del petróleo”.
“Pemex sigue siendo el eje central de la industria en nuestro país. Es imposible pensar el sector sin Pemex”, dice Leticia Armenta Fraire, del Itesm.
La esperanza para muchos es encontrar a tiempo otro gran pozo como Cantarell. La realidad es que Pemex necesita demostrar que puede disminuir costos, hacer mejores inversiones y acelerar la asociación con otras compañías. La gran duda es si Pemex podrá transformarse a la velocidad y en la profundidad que se requiere.
