Existe evidencia que muestra que, en paralelo al crecimiento del sector minero peruano, se ha producido un incremento en el número y complejidad de los conflictos. ¿Algún responsable? Todos los involucrados.

A raíz del enfrentamiento por la construcción del proyecto minero Tía María (Perú), el ministro del sector afirmó que “la empresa no comunicó adecuadamente”, lo cual, siendo probablemente cierto, deja la impresión, errada en mi opinión, de que la empresa es la única interesada en que se ejecute la obra. El mismo día, una periodista radial usualmente bien informada e independiente dijo: “si la empresa quiere hacer el proyecto que convenza a la población”. En ambas afirmaciones existe un error de partida.

En teoría, al menos, el que un proyecto minero se concrete le interesa principalmente a la minera. Pero también le interesa al gobierno, por el flujo de divisas e impuestos que generará. Le interesa a los gobiernos regional y local, por los puestos de trabajo que generará, por el canon que recibirán y por los proyectos que se podrán financiar a partir de la inversión en la mina. También le interesa a los tres niveles de gobierno que los beneficios del proyecto se evalúen adecuadamente y que estos superen claramente a los costos e impactos negativos que éste generará durante su vida útil. Obviamente la población circundante al proyecto es la más interesada en participar en forma activa en la evaluación de las probables consecuencias de la obra propuesta.

¿Qué sucede en la práctica, al menos con ciertos proyectos grandes y complejos? En teoría, la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) debería permitir que las partes interesadas intercambien información y lleguen a acuerdos para viabilizar el proyecto. El proceso toma desde seis meses a más de un año, dependiendo del grado complejidad del proyecto, y además, de la documentación técnica que la empresa está obligada a presentar, se organizan talleres con participación de la población del área de influencia del proyecto. Finalmente, si las condiciones lo permiten, se llevan a cabo las audiencias públicas, donde el objetivo de unos es que la audiencia se frustre y que reciba el máximo de exposición en los medios de comunicación, y el de otros es que ésta termine cuanto antes para levantar el acta correspondiente y trámite cumplido.

Lamentablemente, las audiencias en muchos casos terminan perdiendo su razón de ser al no permitirse el intercambio de información y la efectiva participación de la población, por lo general representada por un comité “ah hoc” creado para oponerse al proyecto.

Existe evidencia que muestra que en paralelo al crecimiento del sector minero se ha producido un incremento en el número y complejidad de los conflictos. ¿Algún responsable? En realidad es culpa de todos los involucrados. La empresa por no comunicar adecuadamente; los gobiernos nacional, regional y local por ponerse de costado para no enfrentar a la población, y ésta por dejarse representar por un grupo de opositores con intereses propios, que no permiten una participación activa e informada.

En ese contexto, ¿tiene sentido exigir a las empresas que obtengan la licencia social antes de iniciar sus actividades? En el esquema actual, cada parte involucrada en el diálogo trata de no asumir la responsabilidad del fracaso de la negociación y culpar a otro de los interlocutores.

La solución tampoco está en incrementar la normatividad utilizando exigencias y procedimientos que funcionan en otras latitudes. Mientras no se establezca un vínculo de confianza entre las partes, ningún facilitador hará el milagro y las audiencias serán infructuosas y en ciertos casos contraproducentes para los objetivos que estas persiguen.

El reto que tienen las partes involucradas resulta de gran envergadura y complejidad. Para comenzar, por qué no aprovechamos la proximidad de las elecciones nacionales y regionales, y en lugar de bloquear carreteras, se propicia un debate nacional con las siguientes interrogantes: ¿queremos efectivamente desarrollar nuestro potencial minero? ¿Con qué reglas de juego? ¿Quién debe asumir la representación de la población en las evaluaciones del impacto de los proyectos? ¿Quién representa a los que están de acuerdo? ¿Qué rol le corresponde jugar a los gobiernos nacionales, regionales y locales?

¿Quién debería  propiciar ese gran debate? En primera instancia el Acuerdo Nacional, ya que ese fue el propósito de su creación. Alternativamente, el Ceplan, ya que se trata de uno de los pilares de cualquier plan estratégico. Sin este debate y un mínimo consenso para avanzar, es altamente probable que sigamos jugando al palo encebado.