En busca de reducir su enorme déficit fiscal, el Gobierno provincial incluyó en su iniciativa un alza de hasta el 50% en 2018 en el impuesto inmobiliario rural, lo que podría limitar la inversión agrícola en el país sudamericano, uno de los mayores exportadores de soja, maíz y trigo del mundo.
Los legisladores de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito agrícola de Argentina, aprobaron un presupuesto para 2018 que prevé un fuerte incremento de los impuestos sobre las tierras rurales, lo que según los productores golpeará al negocio, que es uno de los pilares de la economía local.
En busca de reducir su enorme déficit fiscal, el Gobierno provincial incluyó en su iniciativa un alza de hasta el 50% en 2018 en el impuesto inmobiliario rural, lo que podría limitar la inversión agrícola en el país sudamericano, uno de los mayores exportadores de soja, maíz y trigo del mundo.
Mediante una maratónica sesión legislativa, la aprobación entre ambas cámaras se concretó entre el martes por la noche y este miércoles a la madrugada.
La noticia, en plena época de siembra de soja y maíz del ciclo 2017/18, cayó como un balde de agua fría para el sector.
"Hubiera sido más razonable un valor cercano a la inflación: un aumento de un 20 o 25% el sector lo hubiera aceptado. Pero un 50 por ciento genera molestia y enojo", dijo a Reuters Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
Según datos del Ministerio de Agroindustria, en la temporada pasada se sembraron en Buenos Aires 6 millones de hectáreas de soja -un tercio del área total- y 2,3 millones de hectáreas de maíz, mientras que se implantaron casi 2 millones de hectáreas con trigo de la campaña actual.
Para el Gobierno, el alza impositiva -que regirá a partir del 1 de enero- no debería golpear al negocio agropecuario.
"Es baja la incidencia del Impuesto Inmobiliario Rural en términos reales de lo producido (medido en carne, trigo, girasol) por hectárea", señaló el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Leonardo Sarquís, en un correo electrónico enviado a Reuters.
El funcionario agregó que estarán exentos del incremento impositivo los campos más pequeños, de menos de 50 hectáreas, lo que representa al 46 por ciento de los alrededor de 84.000 productores agrícolas de la provincia.
Molestias
Sin embargo, los chacareros aducen que el alza es excesiva. "Es un impuesto que ya estaba muy actualizado", afirmó De Velazco, y dijo que en 2017 hubo fuertes alzas del gravamen, más allá de los ajustes anuales para seguir el paso a la elevada inflación que el país sudamericano registra hace años.
Según un documento enviado por Carbap, un productor agrícola que explota 130 hectáreas en la localidad de Chacabuco pagaría 102.067 pesos (unos 5.835 dólares) por ese impuesto en 2017, mientras que el año próximo pasará a pagar 153.100 pesos.
El poderoso sector agrícola argentino es uno de los mayores aliados del presidente liberal Mauricio Macri, que apenas asumió el poder en 2015 eliminó restricciones e impuestos que pesaban sobre las exportaciones de trigo y maíz desde hacía años.
Pero la delicada situación de las cuentas del país, que también sufre un grave déficit fiscal a nivel nacional, llevó al Gobierno a postergar para el año próximo una prometida reducción en los altos impuestos que gravan los embarques de soja.
"Los productores ya hemos hecho todos los ajustes necesarios, son los Estados quienes aún no han reducido sus gastos", dijeron grupos rurales de Buenos Aires en una nota conjunta, y agregaron: "De concretarse esta suba, deberemos desactivar los planes de crecimiento y desarrollo, con lo que cada productor pasará a postergar todo gasto que no sea de necesidad inmediata".
