La compañía, que fuera uno de los máximos representantes de la construcción de vivienda de interés social en México, busca reestructurar una deuda que asciende a US$1.650 millones.

Ciudad de México, Excelsior.com.mx. La desarrolladora de vivienda Homex se convirtió en la segunda compañía del sector en concurso mercantil después de Geo, luego de que el pasado 13 de junio el Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa, Jaime Páez Díaz, declaró la sentencia para que la compañía pueda acogerse a esta figura jurídica.

“A través de esta resolución, Homex confía en obtener la protección legal necesaria para instrumentar un plan de reestructuración que asegure su recuperación gradual, con el objetivo final de asegurar la viabilidad a largo plazo de la compañía, a la vez de salvaguardar los derechos de sus acreedores”, expuso señaló al respecto la firma que dirige Gerardo de Nicolás Gutiérrez.

La compañía, que fuera uno de los máximos representantes de la construcción de vivienda de interés social en el país, busca reestructurar una deuda que asciende a 21 mil 510 millones de pesos (US$1.650 millones), de acuerdo con el reporte financiero de la compañía al cierre del tercer trimestre de 2013.

Cabe recordar que la solicitud de concurso mercantil fue presentada el pasado 30 abril de forma preconvenida con los acreedores, que representan 67,85% de su deuda consolidada; no obstante no se cumplían con todos los requisitos y los juzgados aplazaron el trámite.

Fue hasta el 9 de junio cuando la compañía cumplió con todos los requerimientos y un juez federal con sede en Sinaloa admitió a trámite la solicitud de Grupo Homex, para apegarse a ley de concurso mercantil.

Desde entonces, y mientras dure este proceso de negociación con los acreedores, Homex contará con la protección de las autoridades a fin de que no sea ejecutada o embargada por el incumplimiento de sus obligaciones crediticias.

Busca continuidad. La empresa informó que a través de este procedimiento buscará mantener las relaciones existentes con sus trabajadores, proveedores, acreedores diversos, el gobierno federal y las autoridades estatales y locales, así como con las instituciones de crédito hipotecario manteniendo la continuidad de su operación y la preservación del valor de su negocio en marcha.