Infinito Gold informó que la demanda fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para lograr una indemnización por las inversiones realizadas, tras la cancelación de un proyecto a cielo abierto en el norte del país.
San José. La empresa minera canadiense Infinito Gold anunció este lunes que presentó una demanda por US$94 millones contra Costa Rica, tras la cancelación de un proyecto de minería de oro a cielo abierto en el norte del país.
La compañía informó en un comunicado que la demanda fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano adscrito al Banco Mundial, con el fin de lograr una indemnización por las inversiones realizadas.
"Como fundamento de la demanda se encuentran una serie de violaciones al Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones", explicó la firma canadiense.
El año pasado, Infinito Gold anunció que demandaría a Costa Rica por US$1.092 millones, de los cuales, US$92 millones correspondían a inversiones realizadas y US$1.000 millones por las ganancias que dejaría de percibir.
Sin embargo, la demanda que hace pública este lunes la minera canadiense es solo por US$94 millones invertidos desde 1993 en el proyecto llamado "Las Crucitas".
La empresa aseguró que no dará más detalles sobre esta demanda al tratarse de un proceso privado y que durante el arbitraje las partes tienen la posibilidad de llegar a una solución amistosa.
El ministro costarricense de Comunicación, Carlos Roverssi, dijo este lunes que el gobierno esperaba esta demanda y enfatizó en que en Costa Rica ya hay una resolución judicial que detuvo el proyecto minero.
"Hay una sentencia judicial en Costa Rica y más no se puede hacer hasta que el caso se resuelva en la vía que plantea la empresa", afirmó el funcionario.
Roverssi recordó que este caso inició en el gobierno del ex presidente Óscar Arias (2006-2010), que otorgó los permisos respectivos a la minera canadiense, pero que luego fueron cancelados por los tribunales al encontrar una serie de irregularidades.
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró en 2010 como nulas las resoluciones del ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró en 2011 sin lugar una serie de apelaciones de la minera y la Sala Constitucional rechazó otra serie de acciones presentadas por la firma.
La Fiscalía también investiga el caso por presuntas ilegalidades en los permisos otorgados a la minera.
La firma, que esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los 10 años que preveía la concesión, inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.
Durante varios años grupos ambientalistas denunciaron ante los tribunales las irregularidades en el otorgamiento de permisos y los riesgos para el medio ambiente que, a su juicio, suponía el proyecto.
