El presidente de IRL, Diego Benavides, dijo que cuando la compañía decidió otorgar una participación de la firma a los residentes de un pueblo cercano a su mina en desarrollo Ollachea, otras empresas pensaron que se podía sentar un peligroso precedente para el sector.
Lima. Los crecientes conflictos sociales retrasan millonarios planes mineros en Perú, pero la aurífera IRL esquivó los problemas al convertir en accionistas a los pobladores de una remota localidad.
El presidente de IRL, Diego Benavides, dijo que cuando la compañía decidió otorgar una participación de la firma a los residentes de un pueblo cercano a su mina en desarrollo Ollachea, otras empresas pensaron que se podía sentar un peligroso precedente para el sector.
Pero ahora IRL parece haber tenido la razón, aunque su estrategia podría ser complicada para las mineras globales que operan en Perú.
"Yo sabía que se iban a molestar porque era un tema impactante. Pero hoy por hoy, cuando ya esta caldera reventó, me llaman y dicen: 'Diego, ¿cuál es la formula? Porque tengo los mismos problemas", declaró Benavides.
Las disputas en torno a los recursos naturales en Perú, un importante productor mundial de metales, han avivado este año fuertes protestas de pobladores que sienten haber sido dejados de lado en medio del auge económico de la última década.
Dos terceras partes de los residentes de zonas rurales, donde se desarrolla la mayor parte de las minas, vive en la pobreza.
En la norteña región de Cajamarca, pobladores demoraron el desarrollo del proyecto de oro y cobre Minas Conga de la estadounidense Newmont, valorizado en US$4.800 millones, por los temores a que afecte los recursos hídricos y contamine la zona.
En la sureña región de Cusco, residentes de la municipalidad de Espinar presionaron a la minera Xstrata para que eleve su aporte monetario una vez que comience a operar su yacimiento Antapaccay, de unos US$1.500 millones.
"Cinco años atrás había problemas con comunidades, pero los problemas no eran tan graves", afirmó el ejecutivo.
Esquivando conflictos. La oficina de derechos humanos de Perú ha registrado en todo el país casi 250 conflictos, la mayor parte relacionados con los recursos naturales, que van desde la perforación petrolera hasta la construcción de hidroeléctricas.
Este mes, mientras el presidente Ollanta Humala luchaba para calmar los conflictos por los proyectos de Newmont y Xstrata, IRL firmó un acuerdo de 30 años con los residentes de Ollachea, en el que básicamente la asociación comunitaria recibirá una participación del 5% en la mina.
Asimismo, bajo el acuerdo, los miembros podrán recibir efectivo, oro o transferir sus acciones. La forma del pago será decidida en forma colectiva.
"El tema del 5% de las acciones es único en Perú. Lo que sé, y entiendo hasta ahora, es que somos la única empresa que ha firmado un pacto de producción con una comunidad por 30 años", agregó Benavides.
El aporte voluntario de IRL tampoco tendrá que pasar por el filtro de los gobiernos locales.
Las autoridades regionales y locales cerca de las minas que operan en Perú reciben el denominado "canon minero" que se nutre del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas del sector.
Sin embargo, las cifras muestran que muchas de esas autoridades carecen de la capacidad para gastar el dinero que reciben o lo gastan mal.
En muchas ocasiones, esto genera malestar entre los pobladores.
En el caso de minera IRL "el dinero va llegar directamente a cada miembro de la familia", dijo Benavides.
IRL explotó 33.255 onzas de oro en el 2011 en su mina Corihuarmi. La empresa espera poner en marcha su proyecto Don Nicolás en Argentina el próximo año y que Ollachea en la sureña región peruana de Puno entre en producción a fines del 2014 o inicios del 2015.
La apertura de estos yacimientos posicionarían a la empresa como un actor mediano del negocio con una producción anual de entre 150.000 y 200.000 onzas del metal amarillo.
Ollachea generaría un total de 1,1 millones de onzas de oro en 10 años, pero Benavides dijo que allí podrían recuperar 3 millones de onzas durante una vida útil de 30 años.
Flexible. El ejecutivo dijo que el acuerdo fue diseñado para que sea flexible y pueda ser modificado en la comunidad de 600 familias, pero enfatizó que la participación de los residentes no se verá diluida.
La inspiración detrás del pacto, tener una relación de trabajo estable, es simple. Sin embargo, es incierto si este modelo podrá ser replicado en otras partes de Perú.
Pese a que el plan Ollachea es pequeño, con apenas unos cientos de familias, IRL pasó cinco años negociándolo con la comunidad.
Por el contrario, las grandes minas impactan a docenas de comunidades con miles de pobladores, lo que tornaría mucho más complicado el trasladar este modelo a los grandes proyectos.
"El modelo que nosotros tenemos es perfecto para nuestro proyecto", dijo Benavides cuando se le preguntó si éste puede ser utilizado a mayor escala. "Cada comunidad tiene su propia huella digital", acotó.
