La incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas podría retrasar una parte de las inversiones mineras, previstas en US$104.000 millones para la próxima década, afirman algunos ejecutivos del sector.
Santiago. Un proyecto de reforma laboral en Chile, que busca fomentar la sindicalización y modificar la negociación colectiva, amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para las empresas mineras, justo cuando intentan batallar contra débiles precios del cobre y un galopante aumento en sus costos.
El gobierno prometió enviar la iniciativa al Congreso el 29 de diciembre y, pese a que se mantiene en reserva su contenido, trascendió que recortaría plazos para los contratos colectivos y modificaría el derecho de contratar reemplazos ante una huelga.
La incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas podría retrasar una parte de las inversiones mineras, previstas en US$104.000 millones para la próxima década, afirman algunos ejecutivos del sector.
"No es el momento para hacer una reforma laboral radical, porque hemos tenido demasiados cambios y cada cambio genera incertidumbre", dijo a periodistas el presidente de la chilena Antofagasta, Diego Hernández.
La iniciativa laboral forma parte de una serie de reformas prometidas por la presidenta socialista Michelle Bachelet en su ofensiva contra la desigualdad en el país, y el Gobierno ha dicho que se implantará de forma "gradual".
Pero los cambios que trascendieron son particularmente sensibles para la industria minera, sobre la que trabajadores sindicalizados y de empresas contratistas suelen ejercer mucha presión en demanda de mejores condiciones laborales.
Los envíos de cobre representan más de la mitad de las exportaciones de Chile, cuya economía atraviesa por una fuerte desaceleración que empresarios atribuyen en parte a la cautela en las inversiones por la incertidumbre sobre las reformas.
"Lo que tenemos son los titulares de la reforma y lo que hemos manifestado es que nos gustaría mucho (...) conocer las propuestas que van a hacer para poder aportar y tener una buena legislación", dijo Alberto Salas, presidente de la empresarial Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
Algunas faenas en las minas de Chile, el mayor exportador mundial de cobre, han sufrido paralizaciones temporales en los últimos años por reclamos de trabajadores, lo que ha presionado el precio del metal en los mercados internacionales.
El Consejo Minero -que agrupa a las mayores firmas productoras- está evaluando el posible impacto de los cambios que prepara el Gobierno en materia laboral. Pero su presidente, Joaquín Villarino, declinó opinar "hasta que no tengamos una posición consensuada".
Gigantes en vilo. La industria del cobre en Chile es liderada por la estatal Codelco, pero también tienen fuerte presencia gigantes como BHP Billiton, Glencore y Anglo American y Antofagasta Minerals.
Las modificaciones al marco laboral ocurren en un año marcado por la aprobación de una millonaria reforma tributaria y la discusión de profundos cambios al sistema educativo del país.
En un intento por poner paños fríos a las quejas de los empresarios, la ministra de Minería, Aurora Williams, comentó que las preocupaciones del sector se han hecho llegar y "el Ministerio del Trabajo la va a evaluar en su justa dimensión".
Pero incluso los mismos representantes de los trabajadores se han quejado de no tener acceso al diseño de la reforma que presentará el gobierno y de desconocer la contundencia de los cambios.
Ante la disconformidad, la semana pasada el Gobierno se reunió con sindicatos para precisar los contenidos.
¿Reforma razonable?. La Federación Minera de Chile, que agrupa a trabajadores de las empresas privadas del sector, emitió un comunicado donde difundió contenidos de la eventual reforma y pidió garantías adicionales.
Entre las modificaciones que impulsaría el gobierno está la de extender beneficios a los trabajadores que se sindicalicen, ampliar el universo de quienes pueden negociar colectivamente, derecho a huelga irrenunciable y sin reemplazo.
Además, figura establecer cada contrato como piso para el siguiente, ampliar las materias a discutir además del salario y simplificar el proceso y los plazos de la negociación colectiva.
Pero los trabajadores también piden la derogación de un artículo sobre la desincorporación de trabajadores por invalidez y mayores garantías en salud y seguridad laboral.
El senador del oficialista Partido Socialista Juan Pablo Letelier dijo a Reuters que la modificación a la legislación laboral "es una reforma necesaria pero tremendamente razonable".
"No va a ser algo que genere una carga especial para los proyectos mineros en lo mas mínimo", afirmó.
Mientras el legislador consideró "excesivo" que algunos contratos colectivos tengan duración de cuatro años y dijo que se debe debatir cuál es un plazo razonable, Hernández de Antofagasta consideró que ese punto no se debería ajustar.
"Hoy el mínimo es dos años y máximo cuatro años que me parece que es bastante adecuado. Reducirlo a un año estaríamos en constantes negociaciones colectivas y eso no le hace bien ni a los trabajadores ni a las empresas", apuntó el ejecutivo.
