La minería se ha convertido en blanco perfecto para guerrillas como las FARC y el ELN, así como para las llamadas bandas criminales (bacrim) herederas de los paramilitares, que ahora someten a los trabajadores informales.

La minería colombiana se debate hoy entre la necesidad de formalizar a miles de personas dedicadas a esta actividad de manera artesanal o informal y el asedio de guerrillas y bandas criminales que han convertido al sector en una importante fuente de financiación.

Así lo advirtieron expertos y autoridades reunidas en la X Feria Internacional Minera, que este viernes concluyó en la ciudad colombiana de Medellín (noroeste), donde además se analizaron los efectos de la caída de los precios de las materias primas y la relación con las comunidades para desarrollar una explotación responsable.

"Hay un grave problema de ilicitud, de informalidad, pero lo más grave es la incomprensión del problema y entonces eso permite que los legales pequeños, medianos y grandes sean confundidos con los ilegales grandes", aseguró a Efe el director de la Cámara Asomineros de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Eduardo Chaparro.

El directivo indicó que existen cerca de 10.000 títulos o concesiones en el país, mientras que de las personas dedicadas a la actividad de manera informal "nadie tiene cifras".

Chaparro señaló que existe una definición legal sobre "extracción ilícita", que está penada por la ley, así como la receptación de especies robadas, pero fuentes de la Procuraduría (Ministerio Público) aclararon durante las deliberaciones que para esa institución "no existe una definición legal de lo que se entiende por minería ilegal".

La minería se ha convertido además en blanco perfecto para guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como para las llamadas bandas criminales (bacrim) herederas de los paramilitares, que ahora someten a los trabajadores informales.

"Hay grupos armados al margen de la ley, entidades criminales, que desarrollan o que tienen algún tipo de influencia sobre elementos de la cadena productiva de minerales", advirtió el coordinador de la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Criminal (Unimic), Iván Díaz.

El funcionario indicó que estas organizaciones "básicamente lo que hacen es extorsión sobre los pequeños mineros informales", e indicó, sin precisar un estimado global en el país, que pueden llegar a cobrarle a estas personas "casi el 60 % del producido" por tener la maquinaria o sacar el material.

Además, estas organizaciones impiden que los mineros "se unan al Gobierno a través de los programas de legalización y formalización".

La informalidad complica la situación de los afectados por estos grupos, que se abstienen de denunciar ante las autoridades al no contar con licencias para la extracción, según el funcionario.

Díaz añadió que el mensaje para los mineros es que se acojan a los procesos de "legalización y formalización" como una forma de "cubrirse y escudarse de esas personas".

Apuntó que en Colombia se considera ilegal a quien no tiene título, lo que incluye en muchas ocasiones a mineros tradicionales, por subsistencia o por oportunidad, pero aclaró que no se les puede criminalizar ya que no son lo mismo que las FARC, el ELN o las bandas criminales.

El funcionario alertó sobre otro problema que enfrentan las autoridades y tiene que ver con el contrabando de minerales, y citó casos como la extracción ilegal en la frontera con Venezuela de carbón y coltán, usado en la fabricación de componentes para aparatos electrónicos y cuyo precio es cinco veces superior al del oro.

"Lo que tenemos identificado es que el 85 % del carbón utilizado en la zona de frontera no tiene trazabilidad (procedencia) alguna y eso es muy grave", sostuvo Díaz, quien aseguró que la situación se repite con minerales como el oro, que puede llegar a mercados internacionales, lo cual da pie a "un intercambio comercial mucho más fluido que lo que permite el narcotráfico".

Los mineros evaluaron, además, el impacto de la caída de los precios en este sector, que representa el 2,5 % del producto interior bruto (PIB) del país, y coincidieron en la importancia de garantizar que la extracción minera se desarrolle de forma concertada con las comunidades y responsable con el entorno.