Cajamarca -donde la mitad del territorio está bajo concesiones mineras-, enciende una luz de alerta, ya que si bien su economía crece y la pobreza se ha reducido, es la región más pobre y con mayores conflictos de Perú.

La inadecuada respuesta gubernamental a la población campesina en Perú por los serios impactos de la gran minería preocupa a organizaciones de la sociedad civil. DW habló con uno de sus representantes en Bruselas.

“Por cada gramo de oro hay que mover una tonelada de roca. Son 600.000 toneladas al día. Las fuentes de agua y los manantiales han desaparecido en Cajamarca. Cuando las manifestaciones en contra del proyecto Conga –la ampliación de la mina Yanacocha- el ejército y la policía fueron pagados por la mina. Estamos presenciando una mercenarización de la Policía”, afirmó Pablo Sánchez, director de Grufides (Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible).

Cajamarca, un mal augurio. Que Cajamarca, la mitad de cuyo territorio está bajo concesiones mineras, sea la región más pobre y con mayores conflictos de Perú –a pesar de que su economía registra un crecimiento del 6% y de que la pobreza se ha reducido a la mitad en diez años- lanza sombras oscuras para el porvenir de las poblaciones rurales.

Tanto la organización alemana Misereor como las belgas Justice et Paix y Centre Avec detectan un incremento en la criminalización de la protesta social. También la falta de espacios de diálogo.

“Después de 20 años de actividad de la empresa Yanacocha y de sus elevados beneficios gracias a la explotación de la mayor mina de oro a cielo abierto de América del Sur -a pesar de las promesas de empleo y prosperidad para la ciudad, Cajamarca es la primera en la lista de ciudades con pobreza extrema en Perú”, afirma Géraldine Duquenne de Justice et Paix.

A esto se suma que el ministerio de Medio Ambiente y los mecanismos de control autónomo se enfrentan a recortes en su campo de acción. Además las comunidades campesinas indígenas no están protegidas por la Ley de la Consulta Previa, aprobada en Perú en 2011 y que prevé la posibilidad de que una población originaria se oponga a un proyecto extractivo.

Según Susanne Friess de Misereror, las comunidades andinas del Perú nunca se autodenominaron indígenas por temor a la discriminación. La situación en conjunto pinta de negro el porvenir del 30% de la población del país andino que no habita los grandes centros urbanos.

Pero no será “sólo” la población rural la afectada: los pasivos ambientales que provoca la extracción minera, con legislaciones nacionales muy permisivas, se prevén a perpetuidad. Sobre todo en cuanto a la contaminación de las aguas se refiere.

¿No sirven las cláusulas? En este contexto, tanto el acuerdo de libre comercio firmado con la UE (2012) como el acuerdo de materias primas firmado con Alemania (2013) preocupan, pues son instrumentos políticos para promover la actividad económica, en el Perú claramente orientada a la exportación de materias primas.
Aunque no se fijan volúmenes, el acuerdo de materias primas con Perú reviste mucho atractivo para Alemania, pues “aparte de ser un gran consumidor de recursos mineros a escala global, su sector empresarial siempre ha mostrado mucho interés por proveer servicios a la actividad minera en el Perú”, explica a DW el director de Grufides.

Cabe subrayar que el acuerdo firmado con Alemania tiene una cláusula referente a la observación de los convenios de la OIT –como el de la consulta previa. Y que el firmado con la UE posee mecanismos de observación del cumplimiento de estándares de desarrollo sostenible y de derechos humanos.

No obstante, “esto representa sólo una herramienta, que de ser usada brinda una posibilidad, una ventana de esperanza. La prioridad de los acuerdos”, resalta Sánchez De Francesch, “no es necesariamente su cumplimiento. A ello se suma las limitaciones que existen para aplicar desde Europa controles sobre decisiones que los políticos europeos consideran domésticas o locales”.

Así las cosas, en la gira que por Europa hace el activista, apoyado por organizaciones europeas, el objetivo es visibilizar la preocupante situación y la perspectiva en el país andino.

“Las naciones de la UE tienen una responsabilidad a través de la compra que hacen las naciones de los minerales en el mundo y también de las inversiones que se realizan”, concluye el activista abogando por mayor trabajo a favor de la transparencia y la trazabilidad de los minerales. Y subrayando que es muy importante que se sepa que en su país en este momento, según el entrevistado, las empresas mineras pagan a la policía.