La extracción de los minerales que requiere Europa la sufren en carne y hueso las poblaciones de Perú. Para sensibilizar tanto a políticos como a la sociedad, una delegación peruana visitó Bruselas. DW habló con ella.
Sobre Virginia Pinares, líder campesina de Cotabambas, en Perú, pende una posible condena de once años por obstrucción de vías hacia la mina de Las Bambas. En Bruselas, Pineras forma parte de una delegación, patrocinada por la red EU-LAT y la Plataforma Europa-Perú, que quiere hacer visible el costo social que tiene al otro lado del océano el mineral que se consume acá.
"No nos oponemos a la minería, pero queremos que la empresa cumpla con la ley. Nos consultaron y estuvimos de acuerdo con que el transporte del cobre se hiciese por mineroducto. Y en 2014 lo cambiaron a transporte por carretera. A otros hermanos los han desalojado, ubicándolos en Nueva Fuerabamba, pero en esas casas no se garantiza su acceso al trabajo agrícola. Reclamamos, también por escrito", dijo Pineras a DW.
"No nos escuchaban. Así que hicimos nuestra lucha pacíficamente. El gobierno ha mandado policías con orden de disparo”, sigue Pineras, vicepresidenta de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental y vocera de las organizaciones de la sociedad civil en las mesas de diálogo que existen con las instituciones peruanas y la empresa minera.
Julia Cuadros, economista especialista en desarrollo y minería, forma parte de la delegación. Como directora de la organización Cooperación, Cuadros asesoró, entre 2002 y 2016, a las comunidades afectadas por el proyecto minero Río Blanco, en Piura, en el norte del país. Se oponían al proyecto que iba a afectar los páramos, los bosques de neblina y el agua.
"Las comunidades estaban en resistencia porque su visión de vida no tenía nada que ver con la actividad minera. Han pasado casi 12 años y el proyecto sigue paralizado”, cuenta Cuadros a DW. En pleno conflicto, en 2008, a su casa llegó la citación del ministerio Público: se la acusaba del delito de terrorismo. "Yo era la única mujer. Los otros eran dirigentes de comunidades, alcaldes, asesores técnicos. Aunque la acusación no tenía sustento, vivimos más de tres años en incertidumbre. La denuncia la habían hecho campesinos, comprados por la empresa. Se quería juzgar este conflicto medioambiental según la ley antiterrorista que se había activado para luchar contra Sendero Luminoso y el MRTA”, añade Cuadros.
Si no hay cambios, seguirán los conflictos. "Ni en el caso de Julia Cuadros ni en el caso de Virginia Pineras existía una sola prueba de lo que las acusaba”, explica a DW David Velazco, de Fedepaz, organización que promueve y defiende derechos humanos en Perú. "No sólo en Perú, en toda América Latina, se detecta una instrumentalización del Derecho Penal para tratar de acusar a quienes protestan con la idea de detenerlos y desmovilizar la protesta”, puntualiza el abogado de Fedepaz.
La demolición de la honra de quienes se oponen, la represión y la aprobación de normas inconstitucionales que violan tratados internacionales serían otros elementos de un patrón cada vez más difundido en el Nuevo Continente. ¿Para qué? "Desmovilizando a un dirigente, desmovilizas a la masa”, responde Velazco. "Se trata de imponer el modelo extractivista aduciendo el desarrollo económico, pero olvidando el desarrollo social”, agrega. Teniendo en cuenta que Perú, Chile, Brasil y México concentran el 85% de las exportaciones mineras de la región y ocupan altas posiciones en la lista de mayores exportadores mundiales, de no haber cambios, conflictos habrá para rato.
¿Qué debe cambiar? Teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con todos esos países que exportan al Viejo Continente, especialmente materias primas y minerales, el campo de acción es evidente. "Por lo pronto, el instrumento 'Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos' de la UE es absolutamente insuficiente, porque su aplicación es voluntaria”, dice Cuadros. No obstante, en todo espacio de diálogo de la UE con sus socios, Cuadros detecta una ventana de posibilidad.
"No puede ser que cada vez que haya un conflicto social se declare el estado de emergencia ni que la fuerza pública reprima a las poblaciones por orden de una empresa. Es inadmisible que en el corredor minero en Cotabambas no sólo esté la Policía Nacional sino el Ejército, y que la nueva legislación de Perú proteja a las minas como 'activos críticos' en detrimento de la población”, concluye Cuadros.
En cualquier caso, que en 2018 la Eurocámara -en donde la delegación peruana fue acogida por diputados de diversas fracciones- haya aprobado una resolución apoyando que la UE en su conjunto promueva el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, que se negocia en la ONU desde hace un lustro, es una esperanza. Con este tratado las empresas que violen derechos fundamentales podrían también ser llevadas a un tribunal.
"Aunque mi casa esté en una zona intangible, nos desplazan porque lo exige la concesión. Eso se podría modificar”, dice Pinares, y concluye: "Si no hacemos nada, el Apurímac será pronto un río muerto y el tajo abierto va a contaminar el mundo entero”.
