Wilmer Meneses, vocero de Ecuamineros, señaló que uno de los principales objetivos que persiguen es que se destraben las solicitudes de quienes hacen minería de manera informal, pero que desean hacerlo legalmente y pagando los tributos correspondientes al Estado.
Representantes de 10 asociaciones que realizan actividades de minería en distintas provincias de Ecuador conformaron una red de integración denominada Ecuamineros, la cual les permitirá fortalecer procesos de capacitación y exigir a las autoridades que se concreten los programas de formalización de quienes, sin regulaciones, se dedican a esta actividad.
Wilmer Meneses, vocero de Ecuamineros, señaló que uno de los principales objetivos que persiguen es que se destraben las solicitudes de quienes hacen minería de manera informal, pero que desean hacerlo legalmente y pagando los tributos correspondientes al Estado.
El viceministro de Minería, Henry Troya, aclaró que para tener una concesión y ejercer su actividad, una asociación, una empresa o una persona natural debe cumplir estrictamente con varios estándares, como presentar planes de trabajo, sacar licencias ambientales, certificados de no afectación de agua; así como presentar un plan de inversión, hacer consulta previa, entre otros.
En caso de no cumplir con estos requerimientos, se estaría realizando actividades de minería ilegal, delito que se encuentra tipificado en el Código Integral Penal.
Uno de los focos de minería ilegal identificados en los últimos meses fue en la localidad de Buenos Aires, en Imbabura, donde la fiebre del oro movilizó a cientos de personas para minar en la zona, lo que causó la intervención de las autoridades.
Producto de los controles en esta localidad han sido detenidos unos 300 individuos.
Las actividades de minería ilegal en Buenos Aires se encuentran en una concesión otorgada a la empresa Hanrine. Los representantes de Ecuamineros aseguran que el Estado entregó el título a la compañía internacional luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, ordenara, en diciembre de 2017, que no se entreguen más concesiones mineras.
Pero el viceministro Troya explicó que la adjudicación del área se dio en octubre de 2017 y en enero de 2018, se realizó el trámite administrativo de inscripción en el registro minero.
