En el encuentro-desayuno con la ministra española, que llegó este domingo a última hora a Panamá, estuvieron el presidente de Sacyr; el representante de la italiana Impregilio, y el director de Proyecto del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC).

Panamá. La ministra española de Fomento, Ana Pastor, mantuvo este lunes una reunión privada con el consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá, que lidera Sacyr, en el inicio de una visita al país para mediar en el conflicto contractual que amenaza con paralizar la obra.

En el encuentro-desayuno con la ministra española, que llegó este domingo a última hora a Panamá, estuvieron el presidente de Sacyr, Manuel Manrique; el representante de la empresa italiana Impregilio, Paolo Moder, y el director de Proyecto del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), Bernardo González, entre otros.

También participaron los representantes de la empresa belga Jan de Nul, Gery Vandewalle y Jan Kop; el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia; la directora de Gabinete, Alicia Portas; y el encargado de Negocios de la embajada de Italia, Massimo Tudini.

El embajador de España en Panamá, Jesús Silva, dijo a los periodistas que el encuentro con los representantes del consorcio forma parte de la mediación que intenta el gobierno español para solventar el contencioso entre el GUPC y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que amenaza con paralizar las obras de ampliación a partir del próximo 20 de enero.

Los esfuerzos de mediación incluyen una reunión a media mañana con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y otra en la tarde con los responsables de la ACP, a fin de buscar acercar las posiciones y un punto de encuentro que permita llegar a acuerdos, añadió el diplomático.

El GUPC, que integran Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y la panameña CUSA, envió el pasado 30 de diciembre una carta de preaviso a la ACP en la que anuncia que suspenderá la construcción del tercer juego de esclusas si no se le reconocen sobrecostes cifrados por el consorcio en más de US$1.600 millones.

El Grupo se adjudicó en 2009 el proyecto de ampliación por un valor global de US$5.250 millones, de los cuales US$3.118 millones corresponde al contrato para la construcción de las esclusas.

El consorcio ha dicho que la ACP le entregó información geológica equivocada y que esa es la principal causa de las peticiones económicas, que representan cerca del 50% del costo de las nuevas esclusas que permitirán el paso de buques con hasta el doble de carga de lo actual.

La ACP ha señalado que la cláusula citada por el contratista para paralizar las obras no se aplica al caso, y que el reclamo económico no está justificado debidamente, y ha instado al GUPC a que continúe las obras y paralelamente presente sus peticiones por los canales previstos en el contrato y no a través de negociaciones fuera de ese marco.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha dicho que la Autoridad no será "rehén" de un contratista, y ha sostenido que el contrato establece mecanismos para que la Autoridad, en última instancia, culmine la obra.

El presidente Martinelli ha tildado de "cuentico" los sobrecostos planteados por el GUPC y ha exigido que el consorcio finalice las obras en los mismos términos económicos en que firmó el contrato.

Pese duro al intercambio de declaraciones entre las partes, tanto el GUPC como Sacyr han expresado su disposición al diálogo y han reconocido que lo más conveniente por cuestiones de costos y tiempo es que el consorcio culmine la obra.