Una mayor inclusión de las localidades al proceso de diseño de los proyectos, y un fuerte acento en la creación local de puestos de trabajo, son algunas de las medidas que parecieran haber llegado para quedarse. Sin embargo, los casos de colisión de intereses continúan...
Las movilizaciones sociales y los cuestionamientos ambientales en contra de iniciativas que buscan el desarrollo energético, minero y de infraestructura son un fenómeno que aparece cada día más en la agenda noticiosa. A veces, un violento proceso, donde las comunidades locales exigen mayor participación, menos imposiciones, mientras los gobiernos y las empresas ven sus inversiones amenazadas.
Latinoamérica no es la de excepción. Ejemplos de esta colisión de intereses se han visto a raíz del proyecto Conga, en el Perú, el que se convirtió en emblema de la falta de diálogo entre ambos sectores; un proceso fallido que también se suscitó en Chile, con el proyecto de la termoeléctrica Barrancones, en Punta de Choros, IV región, el que tras diversas manifestaciones sociales que buscaban ejercer presión para conservar la biodiversidad de la zona, finalmente fue trasladado sorpresivamente y a último minuto por el propio presidente; o en el caso de Colombia, donde el alcalde de California (en la localidad de Santander) desmontó un portón que impedía la libre movilidad y el tránsito de los habitantes al Parque Natural Regional Santurbán, tráfico que había sido impedido por un proyecto minero.
Pese a la coyuntura, una gran parte de los empresarios pareciera ya haber internalizado estos obstáculos como propios del proceso, por lo que incluso son contemplados dentro del esquema presupuestario de cada inversión. “Para proyectos hidroeléctricos por ejemplo, hay que gastar el doble de lo que realmente se gasta en montar, en infraestructura, en compensar a las comunidades, solucionar el problema, los temas legales, etc., pero es parte de la cultura tener que lidiar con estos problemas”, refuerza Francisco Aracena, gerente general de AIC.
En paralelo, hay compañías que se resisten y quizás con un mayor grado de victimización aún lo ven como una dificultad a la hora de invertir. “Por razones diversas, estos proyectos tienen un rechazo de desconfianza bastante visceral por parte de la sociedad, por lo que pensamos que es importantísimo que aparezca un diálogo constructivo y que se llegue a una visión compartida de desarrollo”, afirma Ricardo Murh, director de Energía Andina.
Sin embargo, unos u otros, tarde o temprano las compañías que invierten en desarrollo energético, minero o de infraestructura tendrán que tomar las medidas adecuadas para detener la paralización de proyectos, abriendo nuevos canales que logren un equilibrio entre las inversiones y el medio ambiente. Así, una mayor inclusión de las localidades al proceso de diseño de los proyectos, y un fuerte acento en la creación local de puestos de trabajo, son algunas de las medidas que parecieran haber llegado para quedarse.
Las posibles fórmulas. Otro ejemplo que evidencia que en el proceso de desarrollo del proyecto una pieza faltó, es la determinación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, la que tras fuertes protestas ciudadanas por la construcción de Alto Maipo, un proyecto hídrico a realizarse en las afueras de Santiago, ordenó a las empresas constructoras a que entreguen acceso a su contrato. Luego de esto, se podrá evaluar la eventual construcción del proyecto.
Consultado sobre este nuevo escenario para las inversiones en América Latina, Gerard Mestrallet, Chairman & Chief Executive Officer de la energética francesa GDF SUEZ, entregó el que debe ser a su juicio un axioma de estos tiempos antes de invertir: contar con la maquinaria necesaria y poder conservar el medio ambiente y las comunidades, y poder ver estos factores como uno solo.
Por su parte, Borja Prado, presidente de Endesa España, cree en una integración social que incluya el conocimiento del proyecto por parte de las localidades como también una posible inclusión laboral. “Si nosotros podemos, generaremos puestos de trabajos no sólo en construcción, sino también en operación”, afirmó.
Para Rolando González Bunster, Chairman y CEO de Interenergy, la mejor forma es el diálogo con las comunidades y plantearles: “con este proyecto tendrán beneficios sociales, económicos y de salud. Hay que darles un incentivo, no sólo en el sueldo de los que trabajan ahí, sino que la comunidad sienta que la inversión que va a haber en ese sitio no sólo es para despojar el medio ambiente. Eso es lo primario. Si yo voy a hacer una planta hidroeléctrica en una comunidad que se va a ver afectada, nosotros volcamos recursos en esa planta para ayudar a la comunidad, hacerlos socios del proyecto”.
Claudia Pertuzé, Directora de Puro Chile, habla en relación a los proyectos arquitectónicos del país, argumentando que el desafío es grande. “Hay que lograr juntar el objeto visual y el atractivo, conjugado con factores de metro cuadrado, factores de economización de energía, factores de estética y rentabilidad”.
Pero el dilema se hace cada día más potente, por lo que más allá de las medidas sociales, ha sido necesario trabajar en la judicialización de los proyectos. Así, los tribunales ambientales se ven cada día más como una aspiración, con el fin de entregar resoluciones para estas problemáticas.
La ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, cuenta que en el caso de Chile estos tribunales fueron altamente aprobados por el Congreso, por lo que existe una industria que se dedica netamente a esto, con abogados especializados en el tema, en donde se revisa proyecto por proyecto. “De ahora en adelante, con una nueva propuesta parlamentaria, queremos mejorar el estándar de elaboración y para mejorarlo se requiere un nuevo paradigma en donde ya no hay una inversión de a dos, de Estado-inversionista, si no que ahora se le suma la comunidad, lo que transforma los proyectos en verdaderos proyectos sustentables, donde se incluye la equidad social permanente en el tiempo”, afirma.
No obstante, hay zonas donde por más que se trate de buscar una solución social o judicial, el escenario es diametralmente más complicado. “Hay muchas comunidades donde hay problemas aborígenes, en donde es casi imposible invertir, porque los nativos por razones de religión o de sus antepasados, no quieren que hayan progresos y se oponen a cualquier tipo de desarrollo de la zona, y tienen todo el derecho, porque el área de ellos es de antes”, agrega González Bunster, quien a la vez evalúa la gestión de algunos países frente a este dilema: “hay gobiernos que lo han hecho muy bien y otros que lo han hecho muy mal. Creo que el anterior gobierno de Toledo, en Perú, se manejó bien, se le dio mucha importancia a eso. Ollanta Humala creo que le va a dar el mismo seguimiento; Humala tiene orígenes indígenas, y me imagino que respetará ese tema. Lo mismo que Evo Morales, quien ha respetado mucho las comunidades indígenas”, finaliza.
