Si bien la firma Aratirí ya comenzó a explorar el subsuelo uruguayo y a medir la calidad del hierro, aún no ha confirmado que realizará la inversión.

Montevideo. El gobierno de José Mujica mantiene intacto su interés en que desembarque en Uruguay la inversión de Aratirí, una firma dedicada a la minería de capitales indios.

De todos modos, se muestra firme en sus exigencias ante un proyecto que genera resistencias por parte de actores medioambientales. Actualmente, las partes buscan un memorándum de entendimiento pero surgieron varios puntos de desencuentros.

“Difícil”, contestó este viernes el presidente uruguayo, consultado por El Observador sobre la marcha de las conversaciones en curso. Si bien la firma ya comenzó a explorar el subsuelo uruguayo y a medir la calidad del hierro, aún no ha confirmado que realizará la inversión. No obstante, en el gobierno confían en que eso sucederá este año.

El prosecretario de la presidencia, Diego Cánepa, dijo a El Observador que “en el correr de los próximos meses” la inversión será un hecho. Agregó que el gobierno tiene “mucho interés” en que eso suceda pero “siempre y cuando” se cumplan al pie de la letra los requisitos que pone el Estado.

“El gobierno hace un enorme esfuerzo para atraer inversiones permanentemente pero no a cualquier costo. Tiene que haber una relación costo/beneficio a largo plazo importante para el Estado”, aseguró Cánepa.

Nuevas reglas. El interés de Aratirí por extraer minerales en Uruguay obligó al gobierno a “aggiornar” las normas que regulan la actividad. En este sentido, la Dirección Nacional de Minería comenzó hace un año a discutir un cambio a la legislación vigente y envió al Parlamento un proyecto de ley sobre la actividad. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y espera por el tratamiento en el Senado.

Los principales cambios que prevé el proyecto de ley refieren a una modificación a la forma en la que se calculan los canon que cobra el Estado y una mayor rigurosidad respecto a los plazos de los permisos otorgados.

A su vez, una vez que la nueva reglamentación esté vigente dará al Estado la potestad de comprar a precio de mercado 15% de la producción de una mina a los efectos de desarrollar cadenas de valor con esos productos, según informó el titular de la institución, Pier Rossi. “Antes era absolutamente propiedad de la empresa”,dijo.

Aunque tanto el gobierno como la empresa dan señales a favor de que la historia terminará con Aratirí instalada en Uruguay, la Dirección Nacional de Minería no recibió ningún proyecto con los planes de excavaciones.

“Acá la empresa no tiene ningún proyecto presentado sobre el proyecto de mina en sí mismo”, dijo Rossi, e informó que hasta que no se de ese paso, no habrá un visto bueno técnico al proyecto de inversión que, de concretarse, ascenderá a los US$1.500 millones.

Además, otro órgano oficial que está estudiando los planes que la firma minera tiene para Uruguay es la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).Hace dos semanas, esa oficina recibió un documento sobre el proyecto, que ya comenzó a ser analizado.

De todas maneras, por tratarse de un caso de gran porte su análisis llevará “entre seis y ocho meses”, según informó a El Observador el titular de la Dinama, Jorge Rucks. Llevará ese tiempo si el texto contiene toda la información que el organismo requiere ya que, ante dudas o falta de datos, deberá comenzar un diálogo con el interesado y los plazos se extenderán.

“Legalmente no se puede iniciar ningún tipo de acción si no está aprobado por Dinama”, aportó Rucks.

A pesar de la cifra de inversión millonaria, la llegada de Aratirí al país no conforma a todos. Grupos ambientalistas reparten volantes advirtiendo sobre los efectos medioambientales negativos de la explotación minera. Eso llevó a la oposición a reclamar respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo.