Ante el malestar que causó la decisión de iniciar procesos que buscan US$2.600 millones en indemnización, el alcalde Medellín, Daniel Quintero, pidió a la nueva junta directiva de EPM decidir si se sigue adelante con las acciones legales iniciadas a inicios de agosto.

Medellín. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció este jueves mediante su cuenta de Twitter que ante el malestar que causó la decisión de iniciar acciones legales por los problemas en la central Hidroituango, y que buscan una indemnización de $9,9 billones (US$2.600 millones), la decisión acerca de si se sigue adelante con éstas la tomará la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“He escuchado la voz de empleados de EPM, empresarios y otros; en gracia de discusión le he pedido al gerente de EPM llevar decisión sobre si se continúan o no las acciones legales para recuperar $9,9 billones a la próxima junta directiva de EPM”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.

Quintero informó el pasado 10 de agosto que perseguiría estas acciones legales, decisión que desató una crisis al interior de EPM por cuenta de la renuncia de la junta directiva, cuyos miembros argumentaron que la determinación había sido tomada sin ser consultados, violando así los parámetros del gobierno corporativo de la empresa.

“Desde que llegué a la Alcaldía dije que los responsables de la emergencia en Hidroituango pagarán los costos y no los ciudadanos por medio de recibos de servicios públicos. Por esto, desde el primer día pedí la conformación de un equipo de alto nivel que valorara los costos reales y los responsables de la emergencia”, dijo en su momento Quintero.

Después de la renuncia masiva, Quintero nombró a nuevos miembros del cuerpo directivo de EPM en medio de una tormenta de opinión en la cual ex empleados de la compañía, empresarios antioqueños y sindicalistas se han ido en contra de las decisiones del mandatario.

La decisión acerca de qué curso de acción seguirá la EPM la tomará, entonces, la nueva junta directiva, nombrada en buena parte por el alcalde Quintero. Los miembros elegidos por Quintero son: Sandra Suárez, Jorge Iván Palacios, Omar Flórez Vélez, Luis Fernando Mejía y Luis Fernando Rico Pinzón.

Oswaldo Gómez, exmiembro de la junta directiva de EPM, reaccionó en Twitter a la decisión de Quintero diciendo que “esto lo pudimos haber discutido en la reunión de Junta de EPM del 28 de julio, donde se aprobó una adición 900.000 millones de pesos más (US$237 millones), [para un total de 16,2 billones, unos US$4.200 millones] para el Proyecto de Hidroituango. Cuanto daño nos hubiéramos evitado”.

Gómez ha sido uno de las figuras que ha criticado las acciones del mandatario en esta tormenta al decir que “EPM está en un estado de ingobernabilidad, esa empresa está al garete, así digan que está al frente el gerente y que el alcalde lo está acompañando. Desde la estructura de gobierno corporativo está al garete y no es sencillo desde el punto de vista que eso signica para los acreedores, para los bancos, para las entidades de regulación”.

Este mismo jueves, más de 280 exfuncionarios de EPM y Une publicaron un comunicado en el que manifiestan su preocupación ante la crisis que enfrenta la compañía y le piden al alcalde de Medellín que tome decisiones adecuadas en esta situación.

La calicadora Fitch Ratings anunció la semana pasada que rebajó la calicación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de ‘BBB’ a ‘BBB-’ y mantuvo el Rating Watch Negativo. De acuerdo con Fitch, la rebaja se debe a la intervención del dueño de EPM, es decir, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa, “lo que representa un deterioro de los controles de gobierno corporativo en la empresa”.

La calicación BBB- está a un escalón de perder el grado de inversión.

En el reporte, dirigido al mercado y la Superintendencia Financiera, EPM indicó que la reducción de la calicación no ha generado “aceleración de obligaciones nancieras, el incumplimiento o activación de covenants nancieros, ni ha implicado la exigencia de garantías adicionales por los actuales acreedores nancieros”.

Agregó que desde el 11 de agosto se han atendido una “serie de teleconferencias con acreedores nancieros respondiendo inquietudes sobre la situación de gobernanza corporativa”.

En la misma semana en que se desató la tormenta por lo sucedido en EPM, los miembros independientes de la junta directiva de Ruta N, entidad con sede en Medellín dedicada a la innovación, también renunciaron. La decisión en ese caso, argumentaron, fue el cambio en la dirección del organismo, que, dicen, fue impulsada por la Alcaldía cuando este cambio es potestad de la junta.