El grupo corporativo –propietaria de las cadenas Supermaxi, Akí, Juguetón, Kiwi y otras– es de una de las empresas que suscribió contratos de inversión con el Gobierno. La inversión contempla nuevos locales, implementación de tecnología y generación de energía limpia.

Quito. Implementación de tecnología y desarrollo de software localmente, apertura y adecuación de locales, ampliación de centros de distribución, incremento de inventario de mercadería, compras a pequeños, medianos y grandes productores ecuatorianos, generación eléctrica limpia y renovable son algunas de las áreas en las que la Corporación La Favorita prevé invertir unos US$750 millones en los próximos cinco años.

La Favorita –que incluye a las cadenas Supermaxi, Akí, Juguetón, Kiwi y otras– es de una de las empresas que suscribió, en este año, contratos de inversión con el Gobierno.

En total se han firmado 114 acuerdos por US$9.400 millones, a los que se sumarán en semanas otros 22 en fase de tramitación por US$886 millones, indicó el Ministerio de Comercio Exterior e Industrias.

Rubén Salazar, gerente corporativo de La Favorita, explicó que su plan de inversiones plantea “consolidar la infraestructura en los lugares del Ecuador donde ya existen actividades (21 de 24 provincias), y aportar al desarrollo de zonas menos activas económicamente como ciudades medianas y pequeñas”; además, se generarían 6.000 empleos.

Y afirma que esta inversión no supuso ningún condicionamiento al régimen. “Más bien reconocemos los esfuerzos que el Gobierno está haciendo para la sostenibilidad de largo plazo, y reconociendo al sector productivo como el más eficaz motor para el desarrollo productivo, laboral y de bienestar. Sin embargo, consideramos importante que se continúe trabajando para mejorar la competitividad”, indicó.

Salazar señaló que los recursos que invertirá la empresa, que este año cumplió 65 de existencia, son propios. “Año tras año, Corporación La Favorita destina de sus utilidades netas un monto de inversión acorde el crecimiento proyectado, luego de la autorización de la Junta de accionistas”.

El ejecutivo mencionó que la apertura del Gobierno y las medidas económicas adoptadas recientemente, entre ellas la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, le han permitido a la Corporación “lograr una mejor planificación para los próximos cinco años”.

Al momento, la empresa analiza el contenido de la normativa para identificar qué oportunidades o limitaciones les representaría, indica Salazar, pero qué esperan que las autoridades emitan el reglamento para definir a qué incentivos tributarios podrían acogerse para facilitar la inversión.

“Avizoramos que los proyectos de tecnología, software, producción industrial, generación de energía limpia y manejo de residuos serán los más propensos a asimilar los beneficios de la ley”, señaló.