Acusaciones de corrupción en Petrobras son el verdadero talón de Aquiles para la reelección de Dilma Rousseff en octubre próximo.
A veces, para captar que algo anda mal, sólo se necesita una calculadora barata. Es lo que pasa con Petrobras y su refinería estadounidense, la que tiene a la presidenta Rousseff bajo amenaza directa. En 2005, la refinería Pasadena, del estado de Texas, fue comprada por la belga Astra Oil en US$42 millones. Un año después, Petrobras compró el 50% de la texana a la compañía europea, pero en US$360 millones. Y como si eso no fuese suficientemente extraño, después Astra Oil vendió su mitad a la petrolera brasileña, esta vez en US$820 millones. Todo por una refinería que produce menos de 100.000 barriles por día.
La mayor empresa brasileña, Petrobras, siempre fue considerada una aliada de la popularidad y prestigio de los gobiernos. Ya sea por éxito internacional, o por la promesa de una autosuficiencia petrolera del país. Pero las cosas cambian y la compañía estatal es el eje de una crisis política que enfrenta al gobierno con el Congreso. Las sospechas de irregularidades tienen a Petrobras transformada en el talón de Aquiles de la reelección a que aspira la presidenta. Hoy el gobierno observa cómo dos Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) indagan a la compañía en sus operaciones entre 2005 y 2014.
Al caso de la refinería texana se suma la denuncia de que empleados de Petrobras recibieron millones de dólares en sobornos de la holandesa SBM Offshore, compañía de plataformas, a cambio de hacer negocios en Brasil. Un ex empleado de SBM afirmó que la compañía gastó más de US$275 millones en sobornos entre 2006 y 2011 en siete países, incluyendo Brasil. Aquí las cantidades embolsadas por los empleados del Estado con poder de influir en contratos habrían alcanzado los US$140 millones.
El caso se conocía hace más de un año y estaba siendo investigado por la justicia holandesa, pero en Brasil nadie le había dado importancia. El Congreso se animó a investigar sólo después de que el gobierno recortó los presupuestos para obras e inversiones de los congresistas y se negó a nombrar ministros a gusto de los partidos políticos.
“El gobierno no cedió ante el chantaje y estamos donde estamos”, comenta el diputado conocido como Vicentinho, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). “No estamos contra la investigación, pero no compartimos los motivos”. La pelota ahora está en el Parlamento.
Carta abierta
En un principio pareció que el PT lograba blindar al gobierno. Pero cuando el entorno presidencial empezó a creer que tenía ventaja en el Congreso ante una investigación, una denuncia sobre el caso de la refinería texana puso las cartas nuevamente del lado de la oposición.
Si 2014 había empezado mal para Petrobras por el fracaso en el plan de la autosuficiencia petrolera lanzado por Lula da Silva, el caso de la refinería de Pasadena salpicó a la propia presidenta cuando el diario O Estado de São Paulo reveló que la propia Dilma dio el visto bueno a la operación en 2005, en su condición de miembro de la junta asesora.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. La propia Dilma Rousseff redactó una carta afirmando haber aprobado la operación en base a informes técnicos incompletos y fallidos. Dijo, por ejemplo, que si hubiese conocido la cláusula llamada Put Option, que obligaba a Petrobras a comprar la totalidad de Pasadena en caso de divergencia entre los socios, no habría votado a favor.
La carta de la presidenta provocó el despido de Nestor Cerveró, director del área internacional de la compañía y el responsable del informe de compra de Pasadena. Aunque apuntado por el gobierno como responsable del mal negocio, Cerveró nunca había sido criticado por la información que proporcionó a la junta en su momento. “Fue una reacción tardía y extraña”, dice el diputado Antonio Imbassahy, del opositor Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). “Ahora ella externaliza la responsabilidad para no ensuciar su reputación de buena gerente que Lula tanto destacó”.
Para acrecentar más la desconfianza y las sospechas de corrupción, la Policía Federal apresó a fines de marzo al ex director de la estatal, Paulo Roberto Costa. Esto por el hallazgo de US$23 millones en una cuenta a su nombre en un banco suizo. Está acusado de participar en un esquema de lavado de dinero manejado desde EE.UU. Al momento de ser detenido, Costa todavía tenía influencia en el sector petrolero brasileño. Incluso retirado de Petrobras, transitaba sin problemas por las oficinas de la empresa. Hoy es un testigo clave de una compleja trama de sobornos y la desviación de recursos que salpica el nombre de la mayor empresa brasileña y de América Latina.
Con todos estos antecedentes, incluyendo la participación de Rousseff, la creación de una comisión investigadora era cosa de tiempo. No contenta con ello, la oposición logró que el Congreso abriera una segunda comisión, que hoy opera en paralelo a la primera. El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, agregó un dolor de cabeza extra al gobierno creando además una comisión especial para ir a Holanda. El motivo: tener acceso a los documentos de los supuestos sobornos recibidos por el personal de Petrobras de parte de SBM. “El comité de investigación tiene ocho miembros y su misión es acceder a datos específicos del proceso”, dice Alves, del Partido Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB), partido que apoyó a Rousseff en su campaña presidencial, pero que se ha sentido poco considerado en las decisiones de la presidenta. “No es venganza, como algunos dicen, es simplemente una atribución del Legislativo”, recalca Alves.
Expansión y política
Si hacemos memoria, la crisis en Petrobras comenzó en 2003, con al ambicioso plan de internacionalización del gobierno de Lula da Silva. El crecimiento de la empresa en este período es innegable. Se expandió en África, Asia, Argentina y Estados Unidos. Pero es en estas operaciones internacionales donde está hoy el foco de las acusaciones. También es innegable la influencia del ex presidente brasileño en las decisiones de la empresa.
El mejor ejemplo es el acuerdo de Lula en 2005 con el presidente venezolano Hugo Chávez. Se trató de un acuerdo comercial para la refinería Abreu e Lima que aún hoy se construye en la región brasileña de Pernambuco. En este negocio Petróleos de Venezuela (PDVSA) inyectaría el 40% de los recursos y Petrobras el 60%, pero todo terminó sin acuerdo. “Es un caso emblemático porque todo se decidió en una conversación política, lo cual muestra el grado de intervención del gobierno en Petrobras”, dice Adriano Pires, director del Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). “La misma Maria das Graças Foster admitió que hubo errores en el proyecto”. Hoy Abreu e Lima es parte de las investigaciones que lleva a cabo el Congreso.
La crisis de credibilidad de la empresa se convirtió ahora en el mayor problema político del actual gobierno. Más que el Mundial de Fútbol, más que las protestas. Porque además de las sospechas y denuncias, hay un escenario de problemas reales en cuanto a los números de la compañía, que empeoran cada año. Como ejemplo sólo un dato: la compañía en 2014 vale el 40% de lo que valía en 2011.
Las inversiones de Petrobras en este escenario son un tema polémico. Para el período 2014-2018 se prevén contribuciones de unos US$220.000 millones, de los cuales el 70% son para exploración y producción. “Creo que el plan es incompatible con la situación actual de Petrobras”, comenta Pires, del CBIE. “Si esta política de interferencia del gobierno no tiene cambios profundos, los planes serán mera ficción”.
El difícil escenario es ideal para fortalecer el discurso de la oposición con miras a las elecciones de octubre. Eso sin mencionar el respectivo daño a las arcas fiscales, estimado en varios millones de dólares. “Fue una secuencia de errores y tensiones del Ejecutivo con el Congreso lo que creó este escenario de crisis”, dice el politólogo de la Universidad de Brasília David Fleischer. “Dilma va a tenerla difícil antes de las elecciones”.
Tras un receso durante el Mundial de Fútbol, el Congreso retoma las investigaciones a mediados de julio. Mientras la oposición apura los trámites, el gobierno pone paños fríos, en un debate que mira directo a las presidenciales de octubre. La presidenta tiene mayoría en el Parlamento, pero eso no impidió que los secretos de Petrobras salieran a la luz. Un derrame de petróleo que hace agua.
