La Fiscalía no encontró indicios de responsabilidad para acusar a las manifestantes, quienes salieron de la Policía Judicial en medio de los aplausos y abrazos de sus compañeros.

Quito. Eran las 10:30 y ocho mujeres de colectivos de derechos humanos, ambientalistas y ciudadanos llegaron este lunes a la Embajada de China, donde dijeron que iban a entregar una carta y las dejaron pasar.

Una vez dentro, manifestaron que su intención era quedarse en esas instalaciones, en una ocupación pacífica.

Lo hacían en rechazo al convenio para la explotación minera a través de la empresa Ecuacorrientes –de ese país asiático– y que significará una inversión de US$1.400 millones en los cinco primeros años.

La firma de ese convenio con el gobierno para explotar cobre en el proyecto Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, se dio más tarde.

Muy pronto, la medida de las ecologistas fue dada a conocer a nivel mundial por las agencias internacionales de noticias.

Una veintena de activistas sentados y cargando carteles contra la minería cantaban “no, no, no nos moverán”, “luchando por el agua, no nos moverán”, bajo la mirada de decenas de policías.

Entre las 10:00 y las 12:20 hubo intentos fallidos de los uniformados para dispersar la manifestación.

Al sitio llegó el asambleísta Ramiro Terán (MPD) para intentar mediar la situación. Previamente alabó la valentía de las mujeres que buscan impedir los atropellos del presidente Rafael Correa, en materia minera.

Luego llegaron dos delegados de la Fiscalía y Terán informó, por vía telefónica a las manifestantes, que las autoridades chinas habían decidido no presentar cargos en contra de ellas, pero que el gobierno había ordenado que sean detenidas.

Hacia el mediodía, al menos cien policías, entre ellos un pelotón de mujeres uniformadas, ya estaban en el lugar. El desalojo era inminente.

Adentro a Ivonne Ramos, Nathalia Bonilla (sobrina del viceministro de Gobernabilidad, Óscar Bonilla), Gloria Chicaiza, María Fernanda Soliz (sobrina de la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz), Aurora Donoso, Nathalia Santamaría, Gabriela Ruales y Valeria Farez se les leyeron sus derechos y minutos después fueron subidas a rastras, porque se resistían, a un bus rumbo a la Policía Judicial.

Sus compañeros, en las afueras, se enfrentaron a los policías y trataron de detener el bus y se tendieron en el pavimento para impedir su paso.

Las ocho mujeres fueron liberadas a las 21:15 de este lunes.

La Fiscalía no encontró indicios de responsabilidad para acusar a las manifestantes, quienes salieron de la Policía Judicial en medio de los aplausos y abrazos de sus compañeros.

Gloria Chicaiza señaló que su aprehensión fue ilegal porque no cometieron ningún delito, además reiteró que ingresaron a la sede diplomática a entregar una carta de manera pacífica.

“Fuimos agredidas, fuimos vejadas (...). Se asumió una actitud beligerante con nosotros no por parte de la Embajada, sino por la Policía”, dijo.

Antes la integrante de Acción Ecológica, Esperanza Martínez, advirtió que en el parte de la Policía sobre los hechos constó una multa de US$150 por un supuesto daño a la correa de una policía. Sin embargo, eso nunca se efectivizó.