El consorcio Gasoducto Sur Peruano, controlado por Odebrecht Latinvest, dijo el viernes en un comunicado que acordó en una junta de accionistas ceder la gerencia general del proyecto a David San Frutos, hasta ahora responsable en Perú de la empresa Enagás.
Lima. La subsidiaria de la brasileña Odebrecht en Perú otorgó a la española Enagás la gestión de su millonario proyecto de construcción de un gasoducto peruano, para evitar que se vea impactado por el escándalo de corrupción de su matriz en Brasil.
El consorcio Gasoducto Sur Peruano, controlado por Odebrecht Latinvest, dijo el viernes en un comunicado que acordó en una junta de accionistas ceder la gerencia general del proyecto a David San Frutos, hasta ahora responsable en Perú de la empresa Enagás.
El brasileño Rodney de Carvalho ocupaba ese cargo.
Odebrecht, la mayor empresa de construcción de América Latina, tiene un 55 por ciento de participación en el consorcio y Enagás un 25 por ciento. Otro 20 por ciento pertenece a la peruana Graña y Montero.
Se "tomó esta decisión con el fin de tomar distancia de los sucesos vinculados al caso 'Lava Jato' que actualmente ocurren en Brasil, y evitar que el impacto de este proceso, totalmente ajeno a la concesionaria, afecte de alguna manera su desempeño", afirmó el comunicado del consorcio Gasoducto Sur Peruano.
Además acordó designar como gerente de estructuración financiera e inversiones a Dennis Gray, hasta ahora gerente de finanzas corporativas de Graña y Montero, en reemplazo del boliviano Marko Harasic, añadió.
La construcción del gasoducto de 1.134 kilómetros que cruzaría los Andes desde la reserva gasífera Camisea, en la selva del Cusco, hasta la costa sur de Perú, contempla una inversión de al menos 5.000 millones de dólares.
El proyecto de gasoducto es clave para el desarrollo de un previsto polo petroquímico en Perú, cuya economía muestra señales de recuperación por el empuje de su clave sector minero.
La policía brasileña reveló el febrero documentos acerca de una investigación sobre supuestos sobornos por 3 millones de dólares por parte de Odebrecht al presidente de Perú, Ollanta Humala, quien rechazó las acusaciones.
