El objetivo del socio más pequeño de la OPEP es revisar los términos técnicos y financieros de los contratos suscritos para la construcción de los proyectos, que están operativos pero representan un riesgo para la industria petrolera del país.
Quito. Ecuador dijo este lunes que firmará un acuerdo con Naciones Unidas para auditar cinco proyectos petroleros clave que presentan graves fallas operativas y que están siendo investigados por la justicia del país en casos de corrupción.
El objetivo del socio más pequeño de la OPEP es revisar los términos técnicos y financieros de los contratos suscritos para la construcción de los proyectos, que están operativos pero representan un riesgo para la industria petrolera del país.
"El acuerdo está listo. Es un acuerdo entre Petroecuador y Naciones Unidas para hacer la revisión de los cinco contratos de los proyectos principales", explicó el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, a periodistas.
Las Naciones Unidas formarán un equipo técnico y económico para realizar la auditoría y el trabajo será financiado con recursos externos y propios, según el ministro. La revisión comenzará en unos 15 días.
Entre los proyectos que se auditarán está la Refinería Esmeraldas, la mayor del país de unos 110.000 barriles día (bpd) de capacidad, que hace menos de dos años fue sometida a una rehabilitación integral pero cuya situación es "crítica".
Además, se incluye una planta de licuefacción de gas natural, una terminal marítima y estación de bombeo, un ducto de transporte de combustibles y trabajos iniciales en la Refinería del Pacífico, que se encuentra a la espera de financiamiento.
"Nosotros no estamos conforme cómo están funcionando y queremos saber por qué se dieron las fallas", insistió.
La justicia del país investiga actos de corrupción al interior de Petroecuador relacionados con la rehabilitación de la Refinería Esmeraldas. Además, están en análisis dos contratos por su vinculación con la red de sobornos de Odebrecht.
El vicepresidente, Jorge Glas, y otros altos exfuncionarios han sido relacionados con las denuncias y están en prisión mientras concluye con la investigación.
En conjunto, los cinco proyectos demandaron una inversión pública de unos US$5.000 millones. Las obras se realizaron en el Gobierno del expresidente Rafael Correa, quien ha dicho que fueron entregadas en óptimas condiciones para su operación.
