Bien manejado, el proyecto de Aratirí puede ser un cambio benéfico para Uruguay. El partido que apoya a la libre empresa lo pone en duda.
¿Hay algo relevante que una a un hombre que contrató a Shakira para que cantara en la boda de su segunda hija, celebrada en el Palacio San Clemente de Venecia, con otro cuyo único patrimonio es un Volkswagen escarabajo 1987, valuado en US$1.900? Sí, y se llama Aratirí: la primera megamina a cielo abierto del Uruguay. El ex trader indio Pramod Agarwal y el ex guerrillero charrúa José Mujica coinciden en las bondades de la inversión de más de US$1.000 millones –por parte del primero– en una explotación de mineral de hierro que ocupará 6.210 hectáreas. El hierro se llevará, por medio de un ducto de 212 kilómetros, a un puerto a construir en el océano Atlántico. Pero el acuerdo entre la compañía anglo-suiza Zamin Ferrous y el gobierno uruguayo está lejos de contentar tanto a los partidarios de Mujica como a sus opositores.
Entre estos últimos está el Partido Nacional, representante de las ideas liberales por más de un siglo y medio, el cual manifestó oficialmente “su frontal rechazo” contra de la iniciativa a mediados de febrero pasado. Su senador y precandidato a la presidencia Jorge Larrañaga cuestiona la estabilidad tributaria pedida por la empresa: “Me parece lamentable que se negocie la soberanía fiscal, y más aún que la renuncia fiscal tenga un precio previsto en la ley”. Desde el gobierno le responden que la minera podría aportar cerca de US$450 millones anuales al presupuesto, una cantidad enorme en proporción a lo que pagan los 16 millones de hectáreas dedicadas a agricultura, forestal y ganadería. Pero según un estudio develado por el FMI, en caso que el proyecto extienda su vida útil a 27 años, el Estado uruguayo podría alcanzar el doble de esa cifra anual, sumando una ganancia de US$26.269 millones.
Pero no todo es dinero. Larrañaga también ha denunciado el uso en Aratirí de poliacrilamida, una sustancia que puede causar cáncer y lesiones genéticas; pero el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, lo niega. Según él, la utilización de métodos magnéticos en el proceso de separación del hierro evitará la intervención de químicos.
El político cuestiona, igualmente, que en las negociaciones entre el gobierno y Zamin Ferrous no se haya informado de aspectos como la soberanía en la resolución de controversias y una eventual entrega a tribunales extranjeros: “Si Aratirí no confía en la Justicia uruguaya, ni en los centros de conciliación nacionales, no debería invertir en nuestro país”. Mientras tanto, con su apoyo, el movimiento Uruguay Libre impulsa la realización de un referéndum para prohibir la minería metálica a cielo abierto en el país. ¿Qué opina Mujica de tanta polémica? Tras recordar que la inversión incluye un depósito inicial para reparar los daños, luego de su cierre, fue sencillo: “Pediría que no fuéramos tan pasionales”. En efecto, hay “reparos sensatos que deben atenderse, pero en la vida hay que andar”, porque “todos quieren mejorar el ingreso y cuántas cosas a pesar de las mejoras nos están faltando”.
