El primer intento de Colombia de subastar contratos de energía solar, eólica y por biomasa el mes pasado terminó sin que se adjudicara ningún proyecto, lo que enfrió el entusiasmo de los inversores que habían mostrado amplio apetito.
Yumbo. Unos 36.000 paneles solares brillan en medio del calor tropical en las afueras de la occidental ciudad colombiana de Yumbo, mientras alimentan con decenas de megavatios una fábrica de refrescos a un costado de la carretera principal.
La granja solar es una de las dos que ha montado el generador Celsia y la primera del país, construida en el ennegrecido terreno de una antigua planta de carbón.
Colombia ofrece condiciones excepcionales para los productores de energía solar y eólica, debido a su diversidad de climas derivada de tres cordilleras andinas, largos tramos de costa con el Atlántico y el Pacífico, sumado a su ubicación en la línea ecuatorial que le ofrece una mayor radiación solar.
La energía solar y eólica representan actualmente solo el 2% de la producción nacional de energía, pero el gobierno del presidente Iván Duque tiene como meta que proporcionen el 9% de las necesidades del país para fines de su mandato a mediados del 2022.
Esto equivale a unos 1.500 megavatios, suficiente para alimentar a una población de más de 4 millones de habitantes.
Además sería una alternativa para complementar la matriz energética durante épocas de desbalances climáticos, como el fenómeno de El Niño, que ocasiona sequías en Colombia. Un 70% de la energía del país de 45,5 millones de habitantes es producida por centrales hidroeléctricas.
Pero el primer intento de Colombia de subastar contratos de energía solar, eólica y por biomasa el mes pasado terminó sin que se adjudicara ningún proyecto, lo que enfrió el entusiasmo de los inversores que habían mostrado amplio apetito.
Las autoridades argumentaron que las ofertas no cumplieron los requisitos de la convocatoria, amenazando con que la mayoría de proyectos quedara en manos de muy pocos oferentes que representaba un exceso de concentración, mientras empresarios y consultores expresaron que los criterios de precalificación fueron complejos y confusos.
El auditorio de 250 sillas en el que se revelaría el resultado de la subasta, en la que participaron en diferentes fases Enel y el español Acciona entre otras firmas, pasó de estar repleto de inversores y consultores a desocuparse rápidamente incluso antes de finalizar el evento, ante la desazón del resultado.
Enel y Acciona no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Johana Trujillo, directora del Programa de Energía Renovable para Europa, África del Norte y América Latina en la consultora británica Mott MacDonald, quien trabajó con varios participantes en la subasta, dijo que ha recibido llamadas de más de una decena de empresas extranjeras que mantienen el interés, pero explicó que el gobierno necesita ofrecer un entorno atractivo.
"Los clientes tienen interés, pero si aquí no se dan las cosas y en otra parte les están ofreciendo algo mejor o con un poco de menor riesgo, más certidumbre, pues van allá", dijo.
Desafíos. Además de la necesidad de ajustes regulatorios, las compañías y los expertos dijeron a Reuters que los proyectos renovables en Colombia requieren la construcción de infraestructura importante y el apoyo de comunidades, cuyo manejo es a menudo difícil para lograr el éxito.
Proyectos mineros y petroleros se paralizan en ocasiones por completo por las protestas, como las violentas confrontaciones que le costaron a la petrolera Ecopetrol más de US$100 millones en pérdidas en 2018.
Si bien los proyectos de energía solar y eólica no causan las mismas preocupaciones ambientales, los locales siguen desconfiando de los planes.
El parque eólico de Jepírachi en el departamento de La Guajira, el primero que se desarrolló en el país, con capacidad de 18,4 megavatios y operado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), fue detenido varios meses en 2016 por un conflicto entre clanes indígenas por los derechos de la tierra.
EPM continúa invirtiendo en La Guajira, considerada la región del país con mayor potencial por sus vientos de alta velocidad que ofrecen la promesa de una producción generosa.
La empresa, que planea otro parque eólico de 200 megavatios que se inauguraría en 2023, no hizo comentarios detallados sobre el paro de 2016 y dijo que Jerípachi está funcionando ahora normalmente. Pero persisten rumores de problemas en el sitio.
Germán Corredor, director de la Asociación de Energías Renovables, que aglutina unas 67 firmas del sector, considera crucial para las empresas trabajar estrechamente con las comunidades locales.
"Es clave que quienes desarrollan proyectos sepan cómo hacer que las comunidades se familiaricen con los proyectos, que comprendan el punto de vista de las comunidades indígenas, que puedan ofrecer ventajas que hagan que los proyectos sean viables", dijo.
El funcionario calculó que Colombia idealmente generaría entre el 15% y 20% de su matriz eléctrica con energía solar y eólica para el 2030.
Los bloqueos podrían ocurrir si no se saben gestionar los proyectos, advirtió Neil Méndez, especialista de apoyo en infraestructura para la energías renovables de la gobernación de La Guajira, tras explicar que a menudo las compañías negocian directamente con las comunidades sin involucrar al gobierno local, dejando vacíos de supervisión.
El daño incurrido en las protestas de las comunidades puede causar demoras adicionales debido a que los transformadores y otros equipos son importados, dijo Jatin Sharma, presidente de GCube Insurance, que se especializa en proyectos renovables.
También hay preocupaciones en materia de infraestructura. Una línea de transmisión de US$174 millones en La Guajira es clave para conectar los parques eólicos a la red. El Grupo de Energía de Bogotá tiene el contrato, pero necesitará la bendición continua de los locales para avanzar.
Y las empresas podrían no estar dispuestas a esperar conflictos de la comunidad o la construcción de infraestructura.
En respuesta a la decepción de los postores, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, admitió a Reuters que las reglas fueron "super exigentes" y dijo que se están examinando cambios antes de realizar otra subasta antes de finalizar el primer semestre del año.
Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, quien asesoró a varias compañías en la fallida puja, dijo que Colombia tiene mucho que ganar. Los proyectos de la subasta habrían atraído inversiones entre US$1.000 y US$1.500 millones, estimó.
Sin embargo, el gobierno necesita mejorar las condiciones para los inversores.
"Internacionalmente (Colombia) es muy atractivo, pero también tiene grandes desafíos", dijo. "Cualquier desarrollo de energía en Colombia tiene complejidades.
