La empresa minera Latin American Paraguay (Lampa) reclamó a la Cámara Baja del Congreso paraguayo tomar en cuenta esta situación en ocasión del tratamiento de este miércoles del pedido de anulación del contrato de concesión.

La minería informal, según las apreciaciones de Latin American Paraguay (Lampa), está generando un tráfico ilegal de oro que llegaría ya a más de US$100 millones, conforme a últimos datos oficiosos. Además, no tributa al fisco y provoca graves daños ambientales, advirtieron.

La empresa minera reclamó a Diputados tomar en cuenta esta situación en ocasión del tratamiento de este miércoles del pedido de anulación del contrato de concesión.

El proyecto en cuestión figura dentro del temario de este miércoles de la Cámara Baja y fue elaborado por el diputado liberal radical auténtico Elvis Balbuena. En tanto, contaría con el respaldo de cierto grupo de legisladores de esa corriente política y de colorados y, según la empresa afectada, es promovida por políticos de Paso Yobái que, justamente, se dedican a la explotación ilegal del mineral precioso en la zona causando graves perjuicios al Estado.

El presidente de Lampa, Juan Carlos Benítez, y el abogado y representante legal de la empresa minera en Paraguay, Carlos Guggiari,expresaron en una rueda de prensa su rechazo a la pretendida ley.

Además de considerarla ilegal y violatoria de principios constitucionales, acusaron al proyectista de buscar sólo la confiscación de millonarios bienes de Lampa, “exponiendo como causales de la caducidad argumentos mentirosos”, sentenció.

Lampa, la subsidiaria local de Latin American Minerals de Canadá, que cuenta con capital paraguayo, cotiza en la Bolsa de Toronto, informó que hasta estos momentos las inversiones realizadas en trabajos exploratorios e instalación de la primera procesadora de oro en el mencionado distrito guaireño ya se encuentran en los US$12 millones.

“Hoy, a instancias de los intereses y las mentiras de no más de 20 empresarios informales, se presenta un proyecto de ley cuyo contenido viola disposiciones constitucionales, pasa por encima del ordenamiento jurídico vigente en el país y puede generar un conflicto entre los poderes del Estado, amén del descrédito internacional que provocará para nuestro país al quebrantarse la seguridad jurídica”, sostuvo Lampa.

El diputado Balbuena plantea su proyecto en el supuesto incumplimiento del contrato en su artículo 3, que establece los plazos de exploración y explotación, y en su artículo 20, de caducidad de la concesión.

Para el asesor jurídico de Lampa los argumentos esgrimidos son una aberración y tienen un claro objetivo confiscatorio.

“Lampa solicita a los señores diputados que consideren el proyecto presentado desde dos aspectos: en primer lugar su violación de la normativa constitucional y legal y el nefasto mensaje que se enviaría a cualquier persona, empresa o institución interesada en invertir en nuestro país. En segundo lugar, el respaldo que el mismo daría a la explotación ilegal de minerales que pertenecen a todo el pueblo paraguayo y que generan un tráfico en negro de oro que a la fecha suma largamente los US$100 millones sin ningún pago de tributos y que conlleva la contaminación irresponsable de personas, tierras y aguas con un veneno tremendo como el mercurio”, aduce la firma afectada.

Diputado habría recibido una “parcela”. El proyectista de la derogación de ley de concesión de explotación minera a Lampa SA, el diputado Elvis Balbuena, recibió, supuestamente en “pago” por impulsar el plan en el Congreso nacional, una parcela para la explotación minera, según las fuentes consultadas.

El predio está en el epicentro de la actividad aurífera, en el barrio San Antonio, de acuerdo a los datos recogidos.

El intendente local, Édgar Chávez (ANR), quien es uno de los mineros informales, dijo desconocer la versión.

El jefe comunal indicó que sólo puede confirmar que el diputado Gustavo Mussi (Unace) tiene su propiedad en el lugar. Dicho legislador también apoya la pretensión de los mineros informales.

Por su parte, el presidente de la seccional colorada local, Dionisio Portillo, expresó que la firma Lampa SA debe dar más oportunidades laborales a los pobladores. También pidió que se los deje trabajar a los informales, pero que no contaminen los arroyos del distrito y no protagonicen hechos violentos como los acontecidos a finales de enero e inicios de febrero últimos.

El intendente dijo que no pretenden que se derogue la ley de concesión a Lampa, sino que se adecue a las necesidades del pueblo y el país.

Chávez forma parte de un reducido grupo de “políticos mineros” que son propietarios de 11 lotes y algunos arrendatarios que se convirtieron en los nuevos potentados de este distrito mediante la explotación ilegal del oro.

Además del jefe comunal, integra el clan su padre, el concejal departamental de Guairá Óscar Chávez, también de la ANR. También los concejales departamentales Fidel González y Raúl Acosta, ambos liberales, y Gustavo Melgarejo, convencional colorado (cartista).